Pelillos a la mar

Dijo Groucho Marx que "la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados". Los políticos municipales se irán de vacaciones próximamente mientras el resto de la ciudadanía asiste atónita a un toma y daca de decisiones surrealistas, sacadas de una comedia de enredo, que obligan a pensarse, según demuestra la opinión ciudadana sobre los políticos que expresan los barómetros sociológicos, en manos de quién se está.

La última escena del sainete se consumará el próximo lunes cuando se apruebe provisionalmente, sin votos en contra, el plan especial de la carretera de Palma, probablemente el documento urbanístico más polémico del último lustro, que tuvo que tirarse a la basura una vez por orden de los tribunales, en una contundente sentencia instada por la Junta de Andalucía. La legalización de Colecor servirá de banderazo de salida del tiempo electoral que queda por delante, donde, en palabras de un responsable municipal, "no debe quedar nada en los cajones", en el sentido de que, en un marco de escasez de recursos, el cordobés debe percibir que se toman decisiones, aunque sean las que son.

El Partido Socialista, en una larga reunión, decidió el jueves por la noche "pasar página" -en palabras de su secretario provincial, Juan Pablo Durán- de la gran polémica que le enfrentaba con Izquierda Unida, la de las naves sin licencia. Aceptará la legalización con un derribo inferior al que la Junta exigía (15.000 frente a los 20.000 metros cuadrados) como mínimo que se fijaron cuando el consejero era Juan Espadas. La intervención de Rosa Aguilar ha sido decisiva a la hora de arbitrar un acuerdo en el que IU tenía un montón de cosas que ganar y nada que perder.

La intervención de Aguilar no explica por sí misma el cambio de de tendencia en asunto de tanta trascendencia. En primer lugar, en estos momentos existe una realidad distinta en el puente de mando del PSOE. Los dos grandes valedores de la presión a IU por su gestión urbanística ya no están en la política de la capital. José Antonio Ruiz Almenara es alcalde de Palma del Río y Antonio Hurtado tiene un escaño de senador en las Cortes. Juan Pablo Durán, lo dicen sus propios compañeros, es más pragmático y directo y cada paso que da tiene una razón concreta. Su acción política, afirman sus críticos, divide el mundo en adversarios y correligionarios, según la cita célebre, que decía que los más peligrosos eran los últimos. El secretario provincial del partido entiende que hay que focalizar los esfuerzos en parar las expectativas del PP y no dedicar tiempo y saliva en pelear con IU. Así se lo recuerda a los responsables de la coalición cada vez que tiene ocasión para evitar que se metan en problemas con el grupo socialista.

Se vio en la Mesa Comarcal del jueves donde las diferencias eran de fondo. Parte del grupo municipal, con Rafael Blanco y Victoria Fernández, se encontraba severamente incómodo con la solución que se pergeñaba. También se revolvían en sus asientos la delegada del Gobierno de la Junta, Isabel Ambrosio, y el delegado de Obras Públicas, Francisco García, que son quienes van a tener que firmar documentos, trabajar con los funcionarios, realizar el armazón jurídico de una decisión que, a la postre, es de Rosa Aguilar, del PSOE y de IU. Durán se arropó en la estructura territorial del partido en la capital para dar carpetazo a la etapa de críticas a IU en la que él mismo participó como secretario de organización.

"Débil con los fuertes, fuerte con los débiles", fue la frase acuñada por Almenara y Hurtado para referirse a Aguilar. En aquella etapa, se vinculaba desde el PSOE sin problema alguno la figura de Rafael Gómez, entonces imputado en la operación Malaya, con la figura de Rosa Aguilar en exclusiva mientras en IU se aseguraba que todo el mundo tenía pasado y que el empresario había sido acogido con alfombra roja en todas las instituciones. De aquella época, se conservan meteduras de pata históricas por una y otra parte, como no parar a tiempo las naves o ensalzar a unas empresas, las buenas, frente a otras, las malas, mientras se cerraban acuerdos poco confesables en otros lugares bien cercanos.

"Hay evidencias de un trato privilegiado", dijo Hurtado, porque se iban a autorizar 40.000 metros cuadrados sin que existan compensaciones. En realidad, se iban a autorizar más de 50.000 metros cuadrados porque el derribo propuesto era de 2.000 metros cuadrados. La reducción de 15.000 metros cuadrados prevista ahora deja las naves de Colecor y la superficie histórica en unos generosos 40.000 metros útiles aún ilegales. Para comprender la magnitud, cuatro campos de fútbol uno al lado del otro. "IU no debe denunciar a Hurtado por la cuenta que le trae", afirmaba Almenara en la época de los palos y las caras largas. Luego vinieron las denuncias a la Fiscalía por medio de Los Verdes, la comisión de investigación, las presiones de Madrid sobre la agrupación provincial y el resultado de las elecciones municipales, que se saldó con el pacto entre la izquierda para 2007-2011.

"No es la política quien crea extraños compañeros de cama sino el matrimonio", escribió Marx, autor de delicias como Groucho y yo o Memorias de un amante sarnoso. Efectivamente, todos estos movimientos no responden a querencias sino a movimientos internos, a intereses. IU necesita llegar a las elecciones con el caso Colecor lo más cerrado posible. El PSOE, por su parte, se enfrenta a un problema interno derivado de quién ocupará la candidatura de las municipales y, además, quién centraliza las decisiones estratégicas que se adoptan en el Ayuntamiento y cómo usar como activo político a la propia Rosa Aguilar. El PP no se opone a la legalización porque, en honor a la verdad, no lo ha hecho nunca y considera que éste no es un problema que le interese a su electorado.

Los partidos reconocen ya abiertamente con sus actos que importa más la estrategia política que la seguridad jurídica y el cumplimiento de la legalidad. Se ha notado en el debate sobre el plan de la Sierra donde lo que subyace es que los partidos políticos del Consistorio están dispuestos a darle servicios a las parcelaciones aunque la diferencia es si se da la cara o no. Eso ocurre particularmente en materia de urbanismo, donde el ladrillo ilegal parece materia tabú para todos y cada uno de los actores políticos que superan las diferencias con un pelillos a la mar.