La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Ana López ha denunciado el año de retraso del gobierno municipal en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en la capital que obliga la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, al tiempo que ha justificado que incluso el Defensor del Pueblo Andaluz haya iniciado actuaciones de oficio contra el Consistorio cordobés por la demora acumulada en la señalización de espacios para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos.

López ha recordado que la obligación que marcaba la Ley es que antes del 1 de enero de 2023 debían haberse establecido las Zonas de Bajas Emisiones. Para ello, el Gobierno de José María Bellido inició la tramitación, obligado por la ley, y contrató una consultora para estudiar la zona que debería declararse en el año 2022, según refleja el partido en un comunicado.

"A estas alturas, y cuando estamos a punto de finalizar 2023 y empezar 2024, aún no tenemos los resultados del estudio y no sabemos si el Ayuntamiento piensa modificar alguna zona, lo que nos hace pensar que este asunto en el que prima la salud pública no le importa demasiado al alcalde y al Gobierno municipal, más aún si tenemos en cuenta que Córdoba es una de las peores ciudades con calidad del aire", ha sostenido la edil. Sin embargo, el concejal del área, Bernardo Jordano, aclaró en entrevista con El Día que los resultados del estudio se conocerán "en breve" y que no piensan implementar otra Zona de Bajas Emisiones fuera del Casco Histórico y la zona Acire. 

La socialista ha expuesto las "trampas al solitario" que el propio Gobierno municipal está haciendo ante la "imprevisión y la urgencia" para la declaración de Zonas de Bajas Emisiones, en tanto en cuanto la ha hecho coincidir de forma transitoria con la Zona Acire (de circulación restringida).

"Dada la forma en que se ha hecho, no llega a ser una auténtica zona donde se pretenda la mejora de la calidad del aire, no reduce el tráfico ni ayuda a cambiar los hábitos de movilidad de la población", ha referido Ana López, quien coincide con el informe del Defensor del Pueblo que recoge que se han vulnerado los derechos fundamentales de los cordobeses y cordobesas, en este caso, el derecho a la salud.

Asimismo, la concejala ha reprochado que el propio Consistorio no cumpla la Ordenanza de Circulación y movilidad Sostenible de Córdoba aprobada por el Ayuntamiento a inicios del 2023, y cuya finalidad es reducir la contaminación ambiental, preservar y mejorar la calidad del aire y la salud pública, acercar los niveles de contaminación de la ciudad a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cumplir con los valores límite de calidad del aire legalmente establecido.