El Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdroba ha solicitado al PP la retirada de la subida presentada sobre tasas y precios de Sadeco, por suponer "un coste que no pueden asumir las familias y la sociedad cordobesa". Una subida que además no ha contado con ningún proceso de participación ni de consenso tal y como se debe hacer según el reglamento de participación ciudadana", han denunciado.

Junto a la entidad que preside Juan Andrés de Gracia, los grupos municipales de PSOE y Vox han pedido que se retire la propuesta de subida de la tasa de la recogida de la basura del consejo de administración de Sadeco.

Esta subida se sumaría a otras muchas que "están sufriendo los cordobeses y cordobesas y que hacen muy duro llegar a fin de mes".

El Consejo ha asumido que conoce "los mayores costes que supone para la empresa las nuevas normativas medioambientales y el proceso de mejora de la limpieza urbana", pero entiende que "el coste no puede repercutirse directamente sobre las tasas y precios públicos de forma generalizada y desmesurada".

"El coste deberá contar con fondos no finalistas municipales, ayudas públicas y una repercusión en las tasas y precios que pueda repartirse al menos durante cuatro años", han incidido.

Asimismo, "la situación de la empresa debería ser sometida a un plan de viabilidad que justificara subidas que siempre debieran estar, como máximo, en el entorno de la inflación media del año, y ser graduales y de carácter progresivo".

En cuanto a la propuesta, "ha sido presentada sin ningún tipo de negociación ni comunicación previa y amparada, entendemos, solamente en la mayoría con la que cuenta el gobierno municipal".

El Movimiento Ciudadano ha recordado que solicita año tras año "que todo tipo de tasas, precio o impuesto pase por los informes y consideración del Consejo Social y del CMC", por lo que ha solicitado la retirada de esta subida y que se someta a un debate con el resto de grupos políticos y con los agentes ciudadanos y sociales en busca de un acuerdo para lograr "precios asumibles".

"Los esfuerzos que hace la empresa por mejorar y extender sus servicios no pueden quedar tapados por esta decisión económica no consensuada", han denunciado.