La acción reinvidicativa que la plataforma A Desalambrar llevó a cabo en abril del año pasado para reclamar la apertura del camino público del Bañuelo, en la Sierra de Córdoba, terminará en los tribunales. El activista Manuel Trujillo se sentará en el banquillo el próximo 22 de febrero acusado de un delito leve de daños por cortar la alambrada que impedía el paso por este sendero, clausurado por el propietario.

"Muchas vías públicas continúan cerradas y los que terminamos en los juzgados somos nosotros. El Ayuntamiento no ha movido ni un dedo", lamenta Trujillo, quien asume que pasar por todo esto es una experiencia "desagradable".

Unas 90 personas, entre ellas las concejalas del Ayuntamiento de Córdoba Cristina Pedrajas (Podemos) y la recientemente fallecida Amparo Pernichi (IU), participaron en la acción reivindicativa, que se desarrolló el primer domingo de abril del año pasado. Las acompañó una cámara de Canal Sur, que grabó cómo una puerta cerrada con un candado y una alambrada coronada con espinos impedía el paso de la comitiva. 

En las imágenes se ve a Manuel Trujillo, alicates en mano, cortar el alambre para que la marcha pueda continuar por la parcelación del Jardinito. "Lo cerró el propietario tras comprar la finca El Bañuelo en diciembre de 2020. Hicimos una serie de escritos y, al no obtener respuesta, organizamos la marcha reivindicativa", recuerda Trujillo. Al final, pasaron y culminaron la ruta.

La sorpresa se produjo días más tarde, cuando les llegó la denuncia. "Nos acusó de robar aceitunas y de muchas otras cosas, pero el juez de instrucción archivó todos los cargos y lo dejó en un delito leve de daños. Al principio el propietario pedía una millonada, varios miles de euros", lamenta Trujillo, quien recuerda que en Córdoba hay aún alrededor de 500 kilómetros de caminos públicos cortados.

"Aquí los repsonsables no somos nosotros; ni yo ni los ciudadanos. Es un camino público y el propio Ayuntamiento lo tiene incluido en el inventario oficial, pero se muestra cómplice de estos propietarios, los está protegiendo", lamenta.

En julio, A Desalambrar organizó una recogida de firmas que logró más de 3.000 apoyos pidiendo la apertura de esta vía, y el Ayuntamiento se comprometió a crear una comisión para recuperar las sendas más importantes. A fecha actual, más de seis meses después, no se ha dado ningún paso. "Los pocos caminos que se abren es por nuestra insistencia", porque "el Ayuntamiento jamás ha puesto ninguna sanción", se lamenta Trujillo, que en unos días se enfrentará a la vista oral en un juzgado de primera instancia.

Será, de hecho, la tercera vez en 20 años de vida de A Desalambrar que uno de sus integrantes se ponga delante de un juez por una acción de este tipo. En un caso, el activista quedó absuelto, pero el otro resultó condenado por un delito leve de años. 

"Es desagradable, y espero que el juez entienda que los responsables no somos nosotros. Que un propietario que está incumpliendo las normas se convierta en el acusador es paradójico", cuestiona Trujillo. Y apunta que el mismo uso de la alambrada de espinos ya sería irregular y merecería una sanción.  Mientras, una veintena de caminos de la Sierra de Córdoba siguen cerrados. Como el de Valdelashuertas, sobre el que existe una demanda por la vía civil para su apertura, el de las Ermitas al Bejarano o el de Linares, por lo que gran parte de Sierra Morena se encuentra vetada para los ciudadanos.