Ahora sí. Parece que la Junta de Andalucía ha comenzado a tomarse mucho más en serio las inspecciones para controlar la proliferación de construcciones ilegales en Córdoba y su provincia. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ya explicó hace unas semanas que su departamento “trabaja intensamente para evitar el desarrollo de nuevas edificaciones irregulares en Andalucía” y, a tenor de las cifras, los inspectores de ordenación del territorio se han volcado en esa tarea.

Los datos a los que ha tenido acceso el Día señalan que solo en el primer trimestre de este año se han abierto 60 expedientes en Córdoba en materia de disciplina urbanística. De ellos, un 50% se corresponden a actas o visitas de inspección; cinco a investigación de los técnicos por denuncias o actuaciones de oficio; y cuatro tienen que ver con la protección de la legalidad urbanística. A ellos hay que sumar seis expedientes sancionadores y 16 multas coercitivas.

Pero para conocer si esos 60 documentos referidos a la provincia son muchos o pocos, hay que analizar las cifras de los años anteriores. Así, resulta que en todo el ejercicio 2019 se abrieron 73 expedientes urbanísticos en el territorio y en 2018 se quedaron en apenas 30. Eso quiere decir que en un trimestre, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha tramitado casi tantos asuntos de irregularidades en las construcciones que en todo el año pasado, y el doble del total de hace dos ejercicios.

Y hay más. Entre multas y expedientes sancionadores, la Junta ha impuesto entre enero y marzo de este año un total de 21, mientras que en los dos anteriores –2018 y 2019– no puso ninguno. Según la Administración autonómica, ese volumen es consecuencia de que “las medidas adoptadas en 2019 empiezan a dar sus frutos”.

El punto de partida es que Fomento optó, tras la llegada al Ejecutivo andaluz de PP y Cs, por adoptar “medidas urgentes para garantizar el reforzamiento de la inspección y su incidencia sobre el territorio, con la finalidad de poner fin a la construcción de nuevas edificaciones irregulares en suelo no urbanizable, evitando la formación de nuevos asentamientos no previstos por el planificador”.

También añaden que este “notable incremento en las actuaciones investigadoras y visitas al territorio es consecuencia de la reorganización y cambio de estrategia de la Inspección de Ordenación del Territorio y Urbanismo llevada a cabo el pasado 2019, en el que los expedientes en materia de disciplina territorial y urbanística aumentaron más del 100%”.

La consejera ya insistió en que, “desde el primer día”, se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para reforzar y para intensificar la inspección, para colaborar con los ayuntamientos y evitar que vuelvan a construirse edificaciones en suelos en los que no está permitido. Además, detalló que estas medidas han girado principalmente en torno a la optimización y la reestructuración de los recursos personales existentes; el uso de una metodología para la selección de objetivos, haciendo más efectiva la labor preventiva; la ejecución efectiva y en plazo de las resoluciones y la paralización de obras y actos en curso de ejecución.

En el caso de Córdoba, el informe de la inspección detalla que en el año 2018 se anotaron 17 asuntos de investigación por denuncias, cinco por protección de la legalidad urbanística, cuatro expedientes de impugnación y otras cuatro visitas. Una treintena en total y ni una sola multa.

Ya en 2019, el escenario fue otro bien distintos, ya que los inspectores abrieron 41 archivos de oficio o por denuncia, una impugnación y 31 actas o visitas de inspección a puntos de Córdoba en los que tuvieron sospechas de que se estaba llevando a cabo una edificación irregular.