La Consejería de Educación no renovará para el próximo curso escolar los conciertos educativos a aquellos centros públicos y concertados cuyo alumnado está sujeto a una distinción de sexo, unas condiciones que actualmente se mantienen en una decena de centros andaluces. 

Así, el departamento que dirige Teresa Jiménez publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pasado 5 de enero la orden por la que establece las normas que regirán la convocatoria para solicitar acogerse al régimen de conciertos educativos o la renovación de los mismos a partir del próximo curso escolar. En concreto, los centros afectados en Córdoba son el Zalima –al que sólo acuden niñas, aunque en el centro también se pueden matricular niños–, en la capital, y Torrealba, ubicado en Almodóvar del Río, y Yucatal, en Posadas.

La resolución recoge una serie de obligaciones de las personas física o jurídicas titulares de los centros y, concretamente en uno de sus apartados, señala que “la persona física o jurídica titular del centro se obliga al cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre escolarización del alumnado, especialmente en lo relativo a la no discriminación por las razones que en dicha normativa se contemplan en desarrollo del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo”. En referencia a la admisión de alumnos y la escolarización en centros públicos y concertados, este artículo detalla que “en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Esta distinción de sexo llevó al Tribunal Supremo a avalar al Gobierno de Castilla-La Mancha a la hora de impedir la separación por sexos del alumnado adscrito a centros dependientes de la financiación pública. El fallo estima el recurso de casación presentado por el Ejecutivo regional contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que había dado la razón a la Confederación Española de Centros de Enseñanza en su recurso contra el decreto de 2004, con lo que el Supremo reconoce que la Administración puede exigir a los centros concertados la enseñanza mixta para recibir financiación pública. La sentencia argumenta que los criterios de admisión del alumnado son competencia de la Administración educativa, que podrá exigir a los centros concertados la enseñanza mixta de niños y niñas para garantizar la libertad de los padres a elegir centro, y no conceder el concierto si existe alguna discriminación de este tipo.

La comisión de conciertos se reunirá la próxima semana en Córdoba para analizar las condiciones de los acuerdos de los centros y renovarlos por cuatro años más, según pudo saber ayer este diario. En concreto, más de 80 colegios sostenidos con fondos públicos están pendiente de esta renovación.