Interior descubre ahora que el suelo de Campo Madre de Dios no es suyo

Increíble pero cierto. La demolición y nueva construcción de la Comisaría de Campo Madre de Dios, cuya licitación estaba prevista para finales de este año, tendrá que posponerse debido a que la mayor parte del suelo sobre el que se asienta no pertenece al Ministerio del Interior, sino a la mutua de la Policía Nacional. Cuando más cerca estaba de hacerse realidad, el esperado proyecto para el Cuerpo Nacional de Policía de Córdoba tendrá que retrasarse; una vez más. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, explicó ayer tras una reunión con el comisario y representantes sindicales que en el "proceso de depuración jurídica" el Ministerio se ha encontrado "con un problema que no se conocía", algo para lo que "se ha intentado buscar una solución rápida pero no es posible" porque "supondría un atraso importante en el desarrollo de los pasos que hay que dar, fundamentalmente en la licitación del proyecto".

Según apuntó Nieto, en su día el Ayuntamiento cedió ese suelo para la construcción de viviendas para los policías y se registró a nombre de su mutua. Sin embargo, las casas no llegaron a hacerse y el terreno fue ocupado por la comisaría, que se levantó en los años 50 del pasado siglo.

Fue en enero cuando el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, anunció en la propia comisaría que Interior había iniciado los trámites para el proyecto de construcción de un inmueble de nueva planta que albergaría esas instalaciones. La idea era demoler y levantar el edificio en el mismo lugar y la licitación de las obras -que tendrían un plazo de 24 meses- se iniciaría a finales de este año. Si los plazos se cumplían, la nueva comisaría podría estar lista en 2019. Nieto, que estuvo en esa comparecencia de Sanz junto a otros miembros del PP cordobés, fue el encargado de dar ayer la mala noticia de que el proyecto se retrasará.

Como alternativa al proyecto inicial, Interior baraja ahora tres posibilidades y para algunas sería necesaria la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba. La primera de las soluciones requeriría que la Gerencia de Urbanismo hiciera una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para que la comisaría se quedara en el lugar donde está (en el terreno del Estado) pero creciera en altura. La segunda alternativa, puntualizó Nieto, sería ubicar el edificio en un espacio de la misma zona y "que tenga las condiciones para desarrollar la funcionalidad del proyecto y la seguridad que debe tener una comisaría", mientras que la tercera es "la cesión de un suelo en esa zona" por parte del Ayuntamiento para ubicar en el mismo la infraestructura. Estas dos últimas soluciones conllevarían por tanto el traslado de la comisaría de su actual ubicación.

El proyecto que el Ministerio quiere desarrollar contempla la construcción de una infraestructura de unos 8.000 metros cuadrados y la actual cuenta con 4.809 construidos, por lo que se trata de "una ampliación importante". En la actualidad, la mutua tiene 1.983 metros cuadrados de suelo y 1.630 son del Estado.

El secretario de Estado de Seguridad comunicó esta noticia el pasado miércoles a la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien le trasladó "su voluntad de colaborar en todas estas soluciones".

La intención es "desarrollar esta infraestructura importantísima y necesaria para Córdoba en el menor tiempo posible". Para ello, Nieto aseguró que el Ministerio quiere que "en los presupuestos para el año próximo haya una partida que nos permita desarrollar el proyecto, y por eso tenemos que actuar con rapidez y contando con la opinión de todo el mundo".

La negociación con la mutua requeriría "tiempo y otras cosas a cambio", por lo que retrasaría el proyecto. "Si no buscamos alternativas perdemos un ejercicio completo en el que no podríamos financiar el proyecto", aseveró. Por otra parte, si se adoptara la solución del cambio en el PGOU "también tendríamos un problema con el tiempo que se tarda en hacerlo", aunque también cabe la posibilidad de que "se pudiera desarrollar sin hacer una modificación muy importante" enfocada a ganar espacio en altura del nuevo edificio.

La decisión "tenemos que tomarla con bastante rapidez" y por ello el Ministerio y el Ayuntamiento se han dado un plazo de alrededor de 15 días para analizar las posibilidades y ponerlas en común.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma Policía en Conflicto -creada por los sindicatos representativos de la Policía Nacional para reclamar una comisaría nueva-, Fernando Ramón Calderón, aseguró que han acordado reunirse en enero para analizar la situación y resaltó como "positiva" la transparencia del secretario de Estado de Seguridad. "Entendemos que el techo de 2019 es difícil de conseguir", señaló Calderón, y manifestó que "el objetivo primordial es hacer la comisaría, que se salga del problema y se consigan esas instalaciones innovadoras".