Uno de los temas que han generado más dolores de cabeza al equipo de Urbanismo pasó ayer por el consejo rector de la Gerencia sin suscitar debate político. La decisión del PSOE de reservar su voto -técnicamente, abstenerse- y el apoyo decidido de los grupos municipales de Izquierda Unida y PP al plan de legalización hizo que las naves levantadas sin licencia por el empresario Rafael Gómez hayan pasado el trámite del proyecto de actuación, de momento, sin grandes problemas políticos.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, reconoció que las posturas de los socios del gobierno municipal son sobradamente conocidas y que un voto en contra del PSOE al proyecto no va a generar más problemas que los precisos dentro del gobierno municipal. "Se puede entender que no estemos en la misma posición", aseveró el responsable de la política urbanística municipal, que dijo que "el hecho de que gobernemos juntos no implica que estemos siempre de acuerdo". Los socios de gobierno están allanando al terreno a una decisión del PSOE de abstenerse o votar en contra del proyecto en el Pleno municipal que tendrá lugar hoy. La portavoz del PSOE en la Gerencia de Urbanismo, la edil Victoria Fernández, aseguró que el grupo de concejales aún no ha recibido el diagnóstico sobre el expediente que le ha requerido a sus técnicos de confianza.

Ocaña manifestó que una decisión del PSOE contraria a la legalización no va a tener efectos internos en la estabilidad del gobierno municipal ni en su continuidad en el tiempo. La versión de IU es que nadie se va a extrañar si los socialistas se desmarcan de la opinión de la coalición de izquierdas ya que, en primer lugar, es conocida su posición crítica en torno a las naves de Colecor y, en segundo lugar, también es constatable el rechazo de la Junta de Andalucía -gobernada por los socialistas- a que Arenal 2000 consiga legalizar sus instalaciones.

El teniente de alcalde de Urbanismo defendió que el hecho de que la Junta de Andalucía haya recurrido el plan especial que da cobertura a la legalización de las naves de Colecor "no implica que lleve razón". Sostiene el responsable político de la Gerencia de Urbanismo que la decisión de proceder a la legalización de las naves se adopta en el ejercicio de las competencias legales del Ayuntamiento de Córdoba y en aplicación del planeamiento de la ciudad, que reconoce la posibilidad de establecer una instalación industrial para mantener la actividad en Colecor, la cooperativa láctea que cerró a mediados de los 90 en medio de una crisis empresarial y del sector.

El hecho sustancial no es tanto que el PSOE vote en un sentido o en control como el discurso que desarrolle para argumentar su decisión. Resulta de relevancia conocer cuáles son los argumentos expresados por el portavoz socialista, Rafael Blanco, quien pretende comunicarle a la alcaldesa, Rosa Aguilar, cuál es su decisión definitiva antes de hacerla pública.

En términos puramente urbanísticos, el proyecto de actuación tendrá que pasar por el Pleno. Si no es paralizado por ninguna instancia jurisdiccional, Rafael Gómez tendrá que desarrollarlas condiciones expresadas para la legalización, como el derribo de 2.000 metros cuadrados o crear una pantalla vegetal para que no agreda al entorno. El empresario tiene un año para emprender los trámites necesarios para obtener la licencia de obra y de actividad, momento en el que las naves serán completamente legales.