Ferrovial se va al juez para exigir 3,6 millones del fondo del estadio
Del débito total, casi 900.000 euros corresponden a los intereses de demora por el retraso de Procórdoba en hacer efectivas las certificaciones de la obra
En lo que parece un movimiento estratégico, Ferrovial Agromán se ha ido a los tribunales de justicia para reclamarle a la empresa municipal Procórdoba los 3,6 millones de euros que se le adeudan por la construcción del fondo norte del estadio, una de las facturas que pesan como una losa sobre la cuenta de resultados de la empresa municipal, que explica que si no ha pagado es porque, a su vez, la Gerencia Municipal de Urbanismo nunca le ha llegado a transferir los fondos económicos prometidos para respaldar la obra.
De los 3,6 millones que todavía se adeudan, 2,42 millones de euros se corresponden exclusivamente con las certificaciones de obra que no se han pagado que se corresponden con las últimas notificadas por la empresa. Por otro lado, 537.271 euros se corresponden con los intereses de demora que se aplican en virtud de la ley de 2004 que estableció medidas para luchar contra la morosidad como consecuencia del retraso de todas y cada una de las certificaciones emitidas a lo largo del proyecto y que fueron abonadas. En tercer lugar, Ferrovial Agromán reclama otros 327.545 euros por los intereses de demora de las facturas no pagadas. En último lugar, se reclama una cantidad por las certificaciones no satisfechas desde el pasado uno de mayo.
Básicamente, Procórdoba no tiene mucho que discutir sobre la obra del estadio porque no ha pagado, lo que aparece suficientemente acreditado en distintos documentos municipales, como la reciente auditoría de la Intervención. Según sus propios informes, las cantidades que reclama Ferrovial sobre el fondo Norte son básicamente correctas. De hecho, reconoce que empezó a pagar con retraso desde que la empresa constructora comenzó a remitirle certificaciones de obra, que son los pagos parciales que se van realizando conforme va avanzando el proyecto. Las facturas se emitieron entre el 17 de octubre de 2009 y el 21 de mayo de 2010. Las dos primeras tienen unretraso de apenas seis días. A partir de 2008 y 2009, las certificaciones acumulan semestres enteros sin poder ser satisfechas de tal manera que, lo que está pendiente de pago, entró en el registro municipal entre el cinco de diciembre de 2008 y el 21 de mayo de 2009. Por ejemplo, una factura emitida el 21 de octubre de 2010 por valorde 623.000 euros aparece con un interés añadido de 75.000 euros, afirman los documentos internos de Procórdoba. Otra de 621.000 euros aparece con un sobrecoste de 90.000.
En realidad, las cuentas de la empresa y las del Ayuntamiento sólo se diferencian en que Procórdoba utiliza un diferente método de cálculo para obtener los intereses de demora. Según Ferrovial, el interés se calcula sobre la totalidad del coste de la factura no cobrada. Según el Ayuntamiento, hay que restarle una parte, que es el IVA. La diferencia, en realidad, es una cantidad menor, teniendo en cuenta los euros que están en juego, 120.000 euros.
El presidente de Procórdoba no quiso realizar declaraciones sobre esta cuestión porque es un asunto que está sub iudice. El portavoz de IU, Francisco Tejada, asegura que la demanda de Ferrovial obedece a la alarma ante las declaraciones del alcalde de que no hay dinero para pagar las nóminas. Asegura, además, que estaba pactado con la empresa pagar el débito pendiente con la cantidad que se ingresara por la venta de las acciones del Parque Logístico de Córdoba y renegociar el asunto de los intereses de demora, lo que supondría un menor coste para el Consistorio. El presupuestio del fondo norte del estadio estuvo cercano a los ocho millones de euros.
Fuentes del gobierno municipal tienen otro punto de vista. La empresa se fue a los tribunales pasadas las elecciones ante lo que pudiera pasar para proteger su posición. Procórdoba recibió la notificación del juzgado con la comunicación de la demanda el pasado cuatro de julio, dos días después de que el alcalde dijera que no había para pagar las nóminas. La empresa municipal tiene 20 días hábiles para presentarse ante el juzgado y presentar las alegaciones legales contra los argumentos defendidos por los abogados de Ferrovial Agromán. El caso se lleva en el juzgado de primera instancia número dos de Córdoba.
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