A falta de concretar el presupuesto que destinará la Unión Europea a la futura Política Agraria Común (PAC), empiezan a conocerse algunos datos que no han tranquilizado a los agricultores y ganaderos y que "preocupa mucho al sector". La organización agraria UPA ha analizado el borrador que se ha filtrado en los últimos días, asegurando que contiene "algunas propuestas interesantes y otras muy preocupantes". Entre las reformas más negativas, la Comisión Europea parece inclinarse por una PAC "a la carta" para cada Estado Miembro, e incluso para cada región. Esto podría ser muy problemático para España, pues haría necesario desarrollar un "plan estratégico" de aplicación de la PAC para cada Comunidad Autónoma, lo que sería a juicio de UPA "un caos y un disparate". "En el campo entendemos las incertidumbres del Brexit en las perspectivas financieras", han explicado desde esta organización, pero las autoridades europeas deben tener claro, señalan, "que una PAC fuerte y ambiciosa debe ser uno de los pilares del proyecto europeo". "No admitiremos recortes", han sentenciado. Algunas de las reformas que se reflejan en el borrador filtrado no han sonado mal a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. Las principales: la figura del llamado agricultor genuino, que cada país debería definir; el techo de ayudas por explotación -largamente reivindicado-, que la propuesta fija en 60.000 euros; o la ayuda redistributiva desacoplada para pequeñas y medianas explotaciones. El borrador de reforma también habla de ayudas especiales para jóvenes productores y un "programa Eco" con subvenciones para los más sostenibles.

Según un informe de la UPA, la definición de agricultores genuinos, "esa que tendrá que ser desarrollado por cada Estado miembro, tendrá que estar basada en la importancia de los ingresos agrícolas sobre los ingresos totales del posible beneficiario. Esta definición no sería excluyente, solo tendría carácter prioritario para poder acceder a determinadas ayudas". Además, la base del nuevo modelo se establece en función a los planes estratégicos que deben firmar los Estados miembros con la Comisión Europea. Estos planes incluyen tanto el pilar I como el II. "En el caso de España, tendríamos la dificultad añadida de las competencias territoriales y la posibilidad de tener un plan estratégico por comunidad autónoma, con criterios y ayudas diferentes", sentencia el informe de la organización agraria.

El documento incide en que los planes estratégicos deben analizar la situación del sector y establecer medidas concretas con el objetivo de alcanzar unos objetivos establecidos por la Comisión Europea al inicio del período. "Estos objetivos se dividen en tres bloques, (productivos o económicos, medioambientes y sociales)", incide. Entre los económicos se tiene en cuenta la renta, la competitividad y la cadena valor; entre los medioambientales, las influencias en el cambio climático, el medioambiente y el paisaje; y entre los sociales, las influencias en factores como el relevo generacional, las áreas rurales y la alimentación y la salud.

También a nivel europeo se fijarán una serie de indicadores (alrededor de 100) que permitirán conocer el nivel de cumplimiento de esos objetivos. Las medidas que deben introducirse en el plan estratégico serán unas obligatorias y otras voluntarias. Entre las obligatorias figura la llamada ayuda base o pago por hectárea desacoplado. "El Estado miembro puede establecerla en función de los derechos de pago básico y el greening, y teniendo en cuenta la regionalización. La Comisión quiere establecer un tope de ayuda por hectárea que de momento no ha concretado", detallan desde UPA. También la ayuda complementaria redistributiva o pago por hectárea desacoplado. "Es un pago destinado a las pequeñas y medianas explotaciones. Los países decidirán las cuantías por hectárea y el número de hectáreas por explotaciones. En principio estaría ligada a tener derecho a la ayuda base", añaden. Y también el pago para jóvenes por hectárea desacoplado para aquellos que se incorporen por primera vez.

Entre las ayudas voluntarias figura el Programa Eco o pago por hectárea para aquellos agricultores que estén dispuestos a llevar a cabo actuaciones más de allá de los condicionantes básicos que se establezcan y que en principio solo podría ser para agricultores y ganaderos genuinos. Respecto a las ayudas asociadas se establecen una lista de sectores, entre los que no están la aceituna de mesa, el tabaco, la avicultura, la apicultura, la cunicultura o el porcino. Los países pueden destinar a estas ayudas un máximo del 10%, con un 3% adicional para los cultivos proteaginosos. En principio solo podría ser para agricultores genuinos. Respecto al capping se establece un límite máximo de ayudas por explotación de 60.000 euros. Anteriormente a aplicar esta cantidad, habría que descontar los salarios pagados por el beneficiario, así como la mano de obra no asalariada de la explotación.