Escuelas Católicas lleva el nuevo decreto de escolarización al TSJA

Escuelas Católicas, una de las dos patronales de los colegios concertados, ha presentado un recurso contra el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según informó ayer su secretario técnico, Francisco Salcedo, quien explicó que la decisión se debe a que la norma, que entró en vigor el pasado 1 de marzo, no cubre las expectativas de la familias a la hora de conseguir un puesto en el colegio que quieren.

El decreto, apuntó, "no palia el problema de la admisión de alumnos, ni tampoco la ampliación de las zonas". Para Salcedo, el problema radica en la falta de plazas de la que adolecen los 54 centros que forman parte de esta patronal. Prueba de ello, es que en el actual proceso de escolarización las familias presentaron 1.693 peticiones por las 1.350 plazas que ofertan sus centros; es decir, que 343 se han quedado quedan fuera y sin posibilidad alguna de encontrar plaza. Es más, la oferta en los colegios de régimen concertado es muy limitada cada año, puesto que son numerosas las familias que no consiguen entrar en el colegio que quieren por la oferta de plazas. Además, este año la Consejería de Educación ha vuelto a rechazar la ampliación y concesión de nuevos conciertos a los 31 centros que lo solicitaron, tal y como ya publicó El Día.

Salcedo también criticó el hecho de que el decreto de escolarización incluya nuevas zonas de influencia que, a su juicio, tampoco han ofrecido solución alguna para los colegios más demandados por los padres. Otra de sus críticas se centró en la prioridad de que los hermanos estén juntos en el mismo colegio, una situación que no se produce en muchos centros por la falta de plazas que tienen y en los que tampoco se puede ampliar la ratio.

Escuelas Católicas espera ahora el resultado de la presentación de este recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, al igual que las familias esperan conocer la asignación de plazas definitiva del próximo curso en los centros, que se hará pública el 11 de mayo, fecha en la que concluye el plazo para presentar alegaciones.