Córdoba se queda fuera del permiso para financiarse con más préstamos

El Ayuntamiento de Córdoba no podrá acogerse a la medida de gracia adoptada ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda para abrir la mano a que se suscriban nuevos préstamos con el objetivo de financiar inversiones en 2011. Las reglas establecidas por Elena Salgado -que ayer conoció el alcalde, Andrés Ocaña, en su calidad de vicepresidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)- simplemente dejan a la ciudad en una coyuntura verdaderamente complicada al no estar en el grupo de municipios que podrán ir a la ventanilla de los bancos y las cajas.

La razón fundamental es que el Gobierno permitirá la firma de préstamos solamente a aquellas corporaciones municipales que tienen una situación muy saneada, con una relación entre deuda e ingresos corrientes liquidados del 75%. La situación de la corporación municipal de la ciudad es del 128%, después de que se autorizara un endeudamente extraordinario de 26 millones de euros para este ejercicio, que se encuentra en fase de contratación. En total, la estadística del Ministerio de Economía le asigna a la ciudad de Córdoba una deuda viva con los bancos de 312 millones aunque dicha cifra no sea exacta ya que ni tiene en cuenta los préstamos de 2010 ni las amortizaciones llevadas a cabo durante esta fecha. La medida del Gobierno no beneficia tampoco a los ayuntamientos al vincularse a los ingresos corrientes liquidados, un índice que se encuentra en franca regresión por el efecto fiscal de la crisis económica.

"Esto es una tomadura de pelo", bramaba ayer el concejal de Hacienda del Ayuntamiento, Alfonso Igualada (IU). El máximo responsable del fisco cordobés aseguró que la medida anunciada por el Gobierno central no va a tener efecto sino en ayuntamientos pequeños, que van a tener una enorme dificultad a la hora de tratar con las entidades bancarias, cada vez más reticentes a prestar dinero incluso a las instituciones públicas. Igualada aseguró que los municipios españoles están sometidos a una "vigilancia intolerable" ya que "no somos nosotros quienes hemos causado la crisis". El edil de Hacienda recordó que, de todo el déficit del Estado (el 11% del Producto Interior Bruto), la parte imputable a las haciendas locales es del 0,4% mientras que la deuda total en manos de las ciudades es de 34.000 millones, buena parte directamente imputable sólo a la ciudad de Madrid.

El representante del gobierno municipal aseguró que el Ministerio de Economía no ha escuchado "ni una" de las propuestas efectuadas por el municipalismo español. "Pedimos que nos permitieran acudir a la deuda para financiar los compromisos plurianuales con otras administraciones firmados en convenio y reclamamos que se nos permitiera realizar las inversiones de reposición porque lo que se cae habrá que reponerlo; pues ni caso", afirmó el edil, quien manifestó que se seguirá peleando por medio de la FEMP para corregir esta situación que pone en un brete la posibilidad de intervenir en la economía de los ayuntamientos.

Tanto el Ayuntamiento como la Diputación tienen en vigor sendos planes económicos financieros como consecuencia de haber superado un determinado nivel de la relación entre deuda e ingresos. El alcalde ya advirtió durante la pasada semana que, hasta final de año, todas las corporaciones municipales se encontrarán con severos problemas para mantener el nivel de prestación de servicios públicos ante la falta de recursos económicos.