El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que en los proyectos de ley que impulse el Gobierno sobre la defensa de los derechos de los consumidores y personas vulnerables, el Ministerio Público tiene que ser "protagonista, porque es la figura institucional y constitucional que mejor encarna la defensa de valores colectivos", porque "plasmados a través de otros prismas no tienen la respuesta que institucionalmente merecen los colectivos".

Así lo ha transmitido García Ortiz en la inauguración en Córdoba de la Jornada sobre defensa de los consumidores, en la que se recuerda el hito en la materia que supuso hace 20 años la acción colectiva emprendida por la Fiscalía provincial contra las cláusulas abusivas en contratos de gas, que impulsó el fiscal delegado de la Sección Civil en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja.

Al respecto, el fiscal general del Estado ha elogiado la organización y la labor de Santos Urbaneja, siendo "un referente en una concepción diferente de los fiscales" con "la defensa de intereses de personas que no pueden defenderse por sí mismas y en las que agrupándolas o colectivizando se da una respuesta social".

En este sentido, García Ortiz ha valorado que se contribuya a dar "un contenido social" a las actuaciones e intervención de la Fiscalía, en base a la Constitución Española, al tiempo que ha aseverado que "al amparo de la evolución legislativa, desde el Ministerio Público se ha evolucionado mucho y queremos seguir evolucionando".

Ante ello, el fiscal general ha abogado por la colaboración interinstitucional para "la defensa de los consumidores", así como con "los mayores, menores y personas vulnerables a la hora de enfrentarse a la prestación de servicios públicos esenciales que prestan las administraciones y empresas privadas, en la mayoría", ha subrayado, destacando que la citada acción colectiva es "un ejemplo paradigmático" con la colaboración entre instituciones.

Mientras, la fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha expresado que "queda mucho camino por recorrer" en la defensa de los consumidores en el país, pero "cada vez tiene mucha más intervención el Ministerio Fiscal", apuntando que "hay una circular de 2010 y otra circular de la Fiscalía General del Estado de 2018, donde se dan directrices sobre cómo actuar y la legitimación que se da al fiscal", a lo que ha agregado que "desde 2011 en todas las fiscalías de España tiene que existir dentro de la Sección Civil un servicio de consumidor y usuario".

Por tanto, considera que "es un tema que con la especialización de los fiscales es una manera también de proteger", a la vez que ha señalado que "los consumidores y los usuarios son un colectivo vulnerable, que hay veces que no tienen suficientes recursos para ejercer sus derechos y el fiscal tiene que estar ahí apoyándoles, como un colectivo vulnerable que puede ser". Según ha expuesto, "hay herramientas suficientes para que los fiscales ejerciten todas las acciones pertinentes, conseguir frutos y que sean un éxito".

"Un hito en la defensa de los consumidores"

Por su parte, el alcalde de Córdoba en funciones, José María Bellido, ha resaltado que el motivo de las jornadas es el aniversario de la referida acción colectiva en la que "el Ayuntamiento tiene un protagonismo principal", dentro del "gran ambiente de colaboración entre instituciones", que "se refleja en estas circunstancias", con la labor del Servicio de Consumo municipal, que "fue el origen de la demanda y proceso judicial que ha marcado un hito dentro de la jurisprudencia en el país y la defensa de los derechos de los consumidores".

Al hilo, Bellido ha recordado el trabajo del funcionario municipal Francisco Pedraza y ha abogado por contar con más funcionarios para "seguir llevando a cabo la labor de defensa de los intereses de los ciudadanos y prestar buenos servicios públicos", al tiempo que ha destacado el papel de la asesoría jurídica municipal.

En concreto, en 2003, el Ayuntamiento de Córdoba puso en conocimiento de la Fiscalía varias decenas de denuncias de usuarios de una compañía de gas por el presunto cobro indebido del alta y el canon anual. El Ministerio Público consideró que dichos cobros se basaban en cláusulas abusivas y emprendió la primera acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores que, tras un largo proceso judicial, acabó dando la razón a los usuarios y condenando a la empresa por sus prácticas.

La Junta pide "ordenamiento jurídico sólido"

Entretanto, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta, Raquel López, ha citado el reconocimiento al esfuerzo y a la relevancia del procedimiento entablado por el que en 2010 la Junta de Andalucía concedió el Premio C-2010 de Consumo ex aequo a la Fiscalía Provincial y al Consistorio, tras el ejemplo de cooperación interinstitucional, en el que intervinieron las administraciones local y autonómica y la Fiscalía, a lo que hay que añadir la decisiva colaboración de una asociación privada de defensa de los consumidores, la Asociación Ea! de Jaén.

Además, ha comentado que el proceso sigue vivo a día de hoy, porque la cantidad que la empresa tenía que devolver se cifró en más de 10,6 millones de euros y quedan pendientes casi tres millones en esta causa, en la que ha habido más de 200.000 familias andaluzas afectadas, aunque la acción colectiva se interpuso con unos 104.000 perjudicados.

Y ha apuntado también a "poner en valor una cara amable de la que sacar pecho por ser noticia importante en la justicia, en un momento en el que el sistema judicial español está muy en entredicho, con una situación compleja", a la vez que ha apoyado "la protección de los consumidores ante las prácticas engañosas o fraudulentas", de ahí que "se necesite un ordenamiento jurídico sólido que sirva de herramienta tanto a los operadores jurídicos, como a los consumidores, que garantice el acceso a la justicia y el acceso tenga una satisfacción real de los derechos de los consumidores", ha sostenido, para remarcar el valor de la mediación para la resolución de conflictos.

Asimismo, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco Sánchez Zamorano, ha agradecido el trabajo de Santos Urbaneja con las personas vulnerables y con "una materia sensible, que más incidencia tiene en los tribunales civiles españoles", con el tema de los consumidores en esta sociedad "altamente consumista, que vive del consumo".

Al respecto, ha subrayado que "los tribunales dan la talla en esa defensa en una situación muy precaria, porque el personal es muy limitado", al tiempo que ha citado "los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que no acaban de ponerse en marcha", entre otros aspectos, afirmando que "se ha dado una vuelta de tuerca más en la protección de los derechos de los consumidores y los usuarios", siendo "un sector vulnerable", ha advertido el presidente.

Por otra parte, el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, ha declarado que la actuación que se conmemora en esta jornada es "excepcional, cuando debe tratarse como normal", de modo que ha lamentado que "todavía no hay normalidad porque, por razones diversas, los fiscales delegados de Consumo no actúan en todos los casos".

Caso Pionero

El citado caso de acción colectiva es estudiado en las universidades como pionero en la materia y, de alguna manera, adelantó en España el esfuerzo por tutelar desde el ámbito judicial los derechos de los consumidores. En las jornadas participan abogados, jueces, fiscales, responsables de organismos de Consumo y profesores de Derecho Civil para analizar la protección de consumidores ante sectores como la banca, el mercado inmobiliario o el transporte aéreo, así como los cambios legislativos previstos.