Servicios sociales

Igualdad moviliza en Córdoba 72 millones de euros para paliar la crisis del coronavirus

  • La mayor parte de la partida, casi 58 millones, son para servicios relaciones con la dependencia

Dos mujeres dialogan protegidas por su mascarilla. Dos mujeres dialogan protegidas por su mascarilla.

Dos mujeres dialogan protegidas por su mascarilla. / Juan Ayala

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha hecho balance de las medidas adoptadas durante los últimos cuatro meses por la Consejería para dar respuesta social a la crisis del coronavirus, que han supuesto la movilización en la provincia de 72 millones de euros "para atender las necesidades de la población más afectada y de los colectivos más vulnerables" y contrarrestar las "repercusiones a corto, medio y largo plazo en el ámbito de los servicios sociales".

Del montante total, 57,7 millones de euros para prestaciones y servicios relacionados con la dependencia, con prestaciones económicas por valor de 6,3 millones y partidas destinadas a ayuda a domicilio que ascienden 33,2 millones. La atención residencial ha recibido 15,2 millones, por los 2,7 de los centros de día, y los 70.000 euros del programa de respiro familiar.

Con estos pagos, Inmaculada Troncoso ha explicado que se ha mantenido la atención adaptándola a la nueva situación, pero también se ha contribuido al mantenimiento del empleo en el sector de la dependencia. Esto ha sido posible tanto por las medidas puestas en marcha como las impulsadas en los centros de día, donde "se ha garantizado en Andalucía el abono del 80% del precio de las plazas ocupadas, vinculado al compromiso de mantener el empleo y las mismas condiciones laborales, así como realizado tareas de seguimiento proactivo". En las residencias, por su parte, también se tomaron medidas con el fin de paliar la pérdida de ingresos como consecuencia de las salidas voluntarias y las bajas, y se mantuvieron los pagos al sector.

En cuanto a la ayuda a domicilio, una de las primeras medidas que adoptó a la Consejería, además de tomar todas las recomendaciones sanitarias, fue la de garantizar los pagos a las entidades conforme a la última liquidación del servicio, relativa al mes de febrero. Todo con el fin de garantizar la atención a las personas mayores, con discapacidad y dependientes, así como paliar las negativas consecuencias económicas del covid-19, según ha informado la Junta.

Primer plan de emergencia social en Córdoba

Junto al sector de la dependencia, durante la pandemia se puso en marcha también en la provincia un plan de emergencia social con un inversión de más de 10 millones de euros en medidas como el refuerzo de la Renta Mínima de Inserción Social, el programa extraordinario de la Tarjeta monedero para la compra de bienes de primera necesidad, la ayuda al Banco de Alimentos, el aumento para las Ayudas Económicas Familiares y el adelanto del Fondo Social Extraordinario.

A esto hay que sumar la publicación de la Orden para la distribución de más de 3 millones de euros entre las entidades locales cordobesas para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios y la convocatoria de las subvenciones a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro por importe de 1,1 millones destinada a proyectos en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión y la Inclusión Social (Eracis).

Esto ha permitido que en mayo se haya alcanzado en la nómina de la Renta Mínima en Córdoba la cifra de 2.597.489,43 euros, lo que supone un máximo histórico desde la implantación de esta prestación en el año 2018. En concreto, esta ayuda ha beneficiado en junio a 2.202 familias cordobesas, mientras que está previsto que la Tarjeta Monedero llegue a más de 3.000 en toda la provincia.

Más medidas de la Consejería

Además, la Consejería de Igualdad ha constituido un grupo de trabajo con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para aprobar una nueva Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio y dar respuesta a una situación de parálisis heredada de 13 años; y trabaja en la modificación de la normativa andaluza de la Renta Mínima de Inserción Social con el objetivo de aumentar la protección a la infancia, proteger a los menores extutelados y al resto de adolescentes en situación de exclusión social, así como atender al resto de colectivos vulnerables que el Ingreso Mínimo Vital del Estado ha dejado fuera.

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