Condenado a seis meses por no paralizar la obra de una nave sin licencia
El juez exime al procesado de un delito contra la ordenación del territorio porque el suelo está programado como industrial
El Juzgado de lo Penal número 5 ha condenado a seis meses de prisión a un empresario de Rute por un delito de desobediencia cometido al no paralizar las obras de una nave industrial sin licencia, aunque lo absuelve del delito urbanístico debido a que la normativa urbanística de aquel suelo está sometida a un pleito por lo Contencioso-Administrativo. Los hechos se remontan al año 2006.
La sentencia considera probado que el procesado -cuya identidad responde a las iniciales J. T. M.- inició la ejecución de unas obras consistentes en varias naves industriales adosadas en el paraje El Cierzo, junto al camino de las Pozas de la localidad de Rute. Aunque el procesado había solicitado licencia para la edificación, el permiso le fue denegado de manera provisional en abril de 2006. La Junta de Gobierno Local de Rute tomó su último acuerdo en el mes de junio, aunque el acusado no aguardó la resolución definitiva.
La sentencia considera probado que J. T. M., "sin esperar el resultado de las gestiones", siguió la ejecución de las naves, por lo que el Ayuntamiento ruteño se vio abocado a ordenar la "inmediata suspensión" de los trabajos el 15 de septiembre. Esto no fue suficiente para que el encartado cesara en su empeño, por lo que el Consistorio decidió iniciar un expediente sancionador.
La resolución concluye que J. T. M. actuó de manera "reiterada" y con "manifiesta oposición", por lo que su actitud cruzó los límites de lo considerado falta y cometió un delito. La sentencia destaca como claves la "grave actitud de rebeldía, persistencia en la negativa, en el incumplimiento firme y voluntario de la orden y, en fin, en lo contumaz y recalcitrante de la negativa a cumplir el mandato".
La jueza, en cambio, duda que el procesado cometiera un delito contra la ordenación del territorio, como sugería la Fiscalía Provincial de Córdoba. "Cuanto menos resulta presumible discutir que se trata de una edificación no autorizable, en cuanto que la calificación del terreno admite variados matices que se están discutiendo en la esfera administrativa con el objetivo de conseguir la legalización", argumenta el fallo.
El alcalde de Rute, Francisco Javier Altamirano, declaró como testigo durante el juicio. El regidor reconoció que el suelo sobre el que se construyeron las naves estaba programado como industrial, aunque ello depende todavía del desarrollo de un plan plarcial. Altamirano reconoció que el encartado visitó el Ayuntamiento "de forma insistente" con el argumento de que "tenían una necesidad urgente de crecer y estaban asfixiados" y reconoció que J. T. M. insistía en su intención de que "todo se hiciera dentro de la legalidad".
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