El Colegio de Abogados de Lucena, en plena concordancia con todas las corporaciones profesionales de letrados de España, también se opone a la habilitación judicial de tres semanas en agosto. Reclama, por consiguiente, la derogación del Real Decreto de medidas procesales y organizativas en el ámbito de la Administración de Justicia. El contundente rechazo se asienta, principalmente, en la conversión en válido y eficaz el plazo comprendido entre los días 11 y 31 del mencionado mes.

El Ministerio de Justicia ha aprobado esta disposición normativa con la finalidad, entre otros propósitos, de “dar respuesta al previsible incremento de la litigiosidad” causada por la crisis sanitaria del coronavirus.

La corporación lucentina argumenta que el servicio de justicia ya acusaba, previamente, “retrasos y que la “nueva ralentización” que conlleva este período de pandemia, en ningún caso, se invertirá por la declaración como hábiles de 15 días en agosto, mes habitual de vacaciones en esta profesión.

La institución que preside el abogado ruteño Diego Juan Chacón, en virtud de un acuerdo adoptado en una sesión extraordinaria de la junta de gobierno, advierte de que una desatención de sus peticiones motivaría un paro, consensuado con los consejos andaluz y nacional, entre los días 11 y 31 del citado mes, eso sí, “sin afectar” a los derechos inaplazables de la ciudadanía en procedimientos urgentes y fundamentales.

Respalda la corporación lucentina las alegaciones formuladas por el Consejo General de la Abogacía Española y subraya que los letrados, en su mayoría, son trabajadores autónomos y, además, no disfrutan de descanso durante el estado de alarma.