La Plataforma Barrios Ignorados se ha concentrado en la puerta de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía para pedir soluciones ante el alto nivel de paro en los barrios de Las Moreras, Las Palmeras y Guadalquivir. En concreto, el coordinador provincial, Francisco Povedano, ha solicitado "una formación profesional que adapte a los jóvenes para oficios y puedan ser contratados de una forma seria".

Povedano ha recordado que en estos barrios "hay un 92% de fracaso escolar y un 70% de paro entre los jóvenes". Esto conlleva que haya "más de 2.000 jóvenes en Las Palmeras y más de 4.000 para Las Moreras que tienen que vivir buscando chatarra, o lo que sea, porque tienen que vivir".

Barrios Ignorados ha presentado un escrito solicitando una reunión con la Junta de Andalucía para avanzar en el Plan Andaluz de Empleo en el que trabajan. A este respecto, Povedano ha señalado que los contactos con el gobierno andaluz y el Ayuntamiento de Córdoba se encuentran en una "situación de parálisis, no podemos decir que ni positiva ni negativa" desde la formación de los nuevos gobiernos.

En este sentido, ha apuntado que esperan poder "plantear cómo lo teníamos con el anterior gobierno, esperamos que se respeten los pasos que hemos dado y que se le puedan dar continuidad". Desde la plataforma "llevamos cinco años con el plan integral" y el coordinador ha afirmado que esperan "que los representantes respondan, no nos han dado respuesta aún".

Convenio con la Loyola

La única acción de la que tienen conocimiento desde la Barrios Olvidados es un convenio que el Ayuntamiento firmó con la Universidad Loyola "que no está registrado en ningún lado". La universidad les ha transmitido que "cuando esté todo preparado hablarán con nosotros, pero no sabemos cuando". El planteamiento pasa por "escuchar los problemas que determinan los habitantes de los barrios" para decidir las actuaciones. 

Dentro de las propuestas que hace la plataforma para luchar contra el desempleo se encuentra: facilitar el empleo a las personas en situación o riesgo de inclusión, poner en marcha itinerarios de inserción laboral, evitar la fragmentación en las políticas de empleo, ampliar sustancialmente la oferta pública de formación para el empleo y dar cobertura y protección social, ya que "la Renta Mínima Andaluza no está sacando a familias de la pobreza". En este último aspecto, han manifestado que "se ha convertido en una carrera de obstáculos para las personas que la solicitan".