Arenal 2.000 alega contra la nueva sanción por las naves de Colecor
El expediente disciplinario entra en su recta final, a falta de elevarlo a firme
Más papeles, es la guerra. Parafraseando a Groucho Marx, Arenal 2.000 registró ayer -el último día del plazo otorgado por el Ayuntamiento- el documento de alegaciones a la nueva multa por la construcción de las naves de Colecor, en un intercambio de documentación que va camino de convertirse en un diálogo de sordos que sólo dirimirá un tribunal de justicia. Es altamente improbable que la Gerencia de Urbanismo estime los argumentos presentados por el empresario Rafael Gómez, como ya ocurrió durante la primera tramitación -fallida- de la primera multa. Si lo hace, se atenderán cuestiones colaterales, detalles.
La posición de Arenal 2.000 es bien conocida, entre otras cuestiones porque ha tenido dos procesos administrativos y varios encuentros en los tribunales -de primera instancia y Superior de Justicia de Andalucía- para concretarlos. La empresa asegura que la multa ha prescrito, que las obras de las naves de Colecor son legalizables por lo que se tendría que realizar una reducción sustancial de los 24 millones de euros, que se está produciendo un supuesto de indefensión y los daños que se producen al erario público al acatar la sentencia de la caducidad y no permitir la revisión del fallo en una instancia superior por motivos puramente estratégicos desde el Consistorio. Básicamente, los argumentos sobre el carácter de la sanción, grave y la horquilla económica, el 135% del valor de lo construido, ya fueron suficientemente debatidos en el anterior procedimiento.
La empresa apela también al carácter expropiatorio de la multa, a su incapacidad para obtener recursos para abonar la multa. La legislación urbanística andaluza elevó tanto las multas para que a los infractores no pagasen las sanciones y superasen el trago con unos miles de euros. Esa normativa ha sido recurrida ante los tribunales y no ha prosperado ningún recurso contra un incremento que permite poner una multa de 24 millones de euros. Urbanismo contestará las alegaciones, elevará la sanción a firme hasta el dictamen del CREA.
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