El presidente de la promotora Prasa, José Romero, no pudo evitar sentarse ayer en el banquillo de la Audiencia Provincial. Pese a que la Fiscalía aún no ha formulado acusación contra él en el caso que se sigue contra la principal suministradora de hormigón a la constructora por, supuestamente, simular que era insolvente y evitar así pagar una deuda a un tercero, la acusación particular solicita provisionalmente para Romero tres años de prisión como coautor del delito de alzamiento de bienes y ocho meses más de cárcel por desobedecer una orden judicial.

Los hechos se remontan al año 1994. Los acusados A. J. M. y J. J. M., propietarios de una empresa de hormigones, concertaron la compra de áridos con otra entidad. Según el informe provisional del Ministerio Público, los encartados llegaron a deber más de 221.000 euros y en el 97, con el fin de "impedir el cobro" de esta deuda, decidieron cerrar su empresa. La Fiscalía asegura que los imputados se pusieron de acuerdo con los hijos de J. J. M. e "idearon construir otra empresa con idéntico objeto social" y continuar así con la actividad de suministro de hormigón. Así evitaron "satisfacer las cantidades adeudadas" a cuyo pago habían sido condenados por un juzgado de primera instancia.

La nueva empresa sustituyó a la anterior en el suministro de hormigón a Prasa, de ahí que la acusación particular acuse a Romero de coautor del delito de alzamiento de bienes. El empresario se defendió ante el tribunal: "A los empresarios del hormigón los he visto por el pasillo alguna vez y sanseacabó", respondió a la primera pregunta de la acusación particular. "No he hablado con ellos ni siquiera por teléfono en mi vida, no sé dónde tenían la planta ni si eran sus hijos los administradores de la segunda empresa", se defendió. También aseguró que desconocía si la firma de A. J. M. y J. J. M. tenía deudas. "Este asunto no entraba en mis obligaciones", dijo Romero, quien en un momento del interrogatorio cuestionó por qué se encontraba imputado. El presidente de Prasa alegó que era el encargado general de la empresa quien tenía "potestad" para contratar a los suministradores sin tener que consultarlo.

La acusación particular también le preguntó por qué supuestamente no atendió los requerimientos del juzgado para responder por el embargo de un local que los acusados le habían comprado a una filial de Prasa pese a que en ese momento adeudaban más de 221.000 euros a la otra empresa. Romero explicó que el "pacto" al que Prasa llegó con los empresarios era retener un 8% en los pagos semanales por el suministro del hormigón para cobrarse el local.