El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, aseguró ayer que él firmó el decreto por el que se modificó el pliego de condiciones del Palacio del Sur, pero atribuye su concepción y autoría a la entonces secretaria general de la Gerencia de Urbanismo y actual delegada provincial de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Mercedes Mayo. Según Ocaña, fue la entonces responsable de los servicios jurídicos del organismo autónomo quien le informó en abril de 2004 del procedimiento a seguir, la rúbrica de un decreto que, por la vía de los hechos, reconocía a Ferrovial que se le reembolsasen todos los gastos que les hubiera ocasionado "la gestión del proyecto" pese a que el Pleno municipal había aprobado algo distinto.

El edil de Urbanismo explicó así el hecho de que un decreto del presidente de la Gerencia modificara de forma directa un acuerdo de Pleno. La decisión se efectuó sin respaldo plenario, aunque Ocaña asegura que no se hizo "de espaldas a la Corporación municipal" porque todos los grupos políticos han tenido acceso a una decisión en un documento "que es totalmente público". ¿Por qué no se sometió a Pleno la decisión? Sencillamente, insiste Ocaña, porque se le indicó cuál era el camino a seguir "y me he de fiar de los servicios técnicos, ¿tenía otra opción?". Y aquí vuelve a nombrarse a la ex secretaria general de Urbanismo, que fue destituida de su cargo en los estertores de la anterior Corporación municipal en una decisión tremendamente polémica, ratificada luego por los tribunales.

El edil cargó contra los grupos políticos de la Corporación por poner en tela de juicio la legalidad de la decisión, que él rubricó "porque estaba avalada por los servicios jurídicos y técnicos de la Gerencia de Urbanismo". Quien critica la legalidad del decreto, afirma Ocaña, "ha de demostrarlo porque se trataba de una decisión avalada técnicamente".

¿Cuál fue el motivo del cambio? Ocaña relata que en el pliego de condiciones -"que se redactó por el anterior teniente de alcalde de Urbanismo" (del PSOE)- se señalaba que el concesionario tendría que transferir algo más de ocho millones de euros para el pago del proyecto. Ferrovial se ofreció a hacerse cargo por sus propios medios de determinados estudios de ingeniería. El edil sostiene que esas decisiones se adoptaron con el propósito de abaratar el proyecto al concesionario, que no tenía por qué asumir una cantidad inicial de dinero tan relevante.

La clave del cambio es que, además, y particularmente de la forma en la que viene plasmada en el decreto del teniente de alcalde, deja al Consistorio a los pies de los caballos ahora que Ferrovial sale del contrato. En la redacción inicial, se aseguraba que si la responsabilidad de que el proyecto fracasase era municipal, el Consistorio se hacía cargo de todos los gastos de gestión y si era de Ferrovial, como ha ocurrido, sólo de los honorarios del despacho de Rem Koolhaas (cifrado en tres millones de euros). En definitiva, se asegura que si el proyecto fracasa -sea de quien sea la responsabilidad- el Consistorio abonaría todos los gastos de gestión del proyecto, sin reparar en que fuesen realizados por personal de Ferrovial o externo o que estuviesen relacionados con aspectos técnicos del proyecto o no. El propio responsable de Urbanismo reconoce que la modificación se hizo "a petición del concesionario".