La Junta de Andalucía recupera 4.538 pisos sociales que tenían uso ilegal

La gestión del parque público de viviendas de la Junta es compleja sobre todo por el control de los adjudicatarios de las mismas. La administración debe velar no sólo por entregar viviendas de propiedad pública (bien en régimen de alquiler o de venta), a las personas que realmente cumplan los requisitos sino, sobre todo en determinados barrios degradados, porque puedan mantener allí a su familia. La Junta de Andalucía gestiona el parque público de viviendas más numeroso de España, con más de 73.000 viviendas, de las que casi 48.000 están cedidas en régimen de alquiler.

Desde 2019, la administración andaluza ha llevado a cabo más de 141.000 verificaciones administrativas y, con ellas, han recuperado viviendas, abierto procedimientos de regularización y devuelto la legalidad en algunos casos donde se había perdido.

En los últimos cinco años, la Consejería de Fomento y Vivienda ha recuperado 4.538 viviendas de propiedad pública que estaban siendo utilizadas de manera ilegal, unos pisos que ahora volverán a adjudicarse a las familias vulnerables que están en la lista de espera cumpliendo los requisitos. A estas viviendas se suman otros 2.800 procedimientos de gestión de expulsión por ocupación y más de 1.300 expedientes de desahucio por incumplimiento de los requisitos legales para vivir en estos inmuebles; todos ellos procedimientos en curso y cuyas viviendas se recuperarán para el patrimonio público.

Grandes promociones

Las promociones más antiguas de viviendas públicas propiedad de la Junta de Andalucía se concentran en barrios periféricos de las grandes ciudades que se han ido degradando con el paso de los años y la dejación de funciones de la administración. El modelo llevado a cabo entonces era de grandes promociones de viviendas, en un modelo que se ha quedado antiguo.

La administración andaluza apuesta ahora por pequeñas promociones de viviendas públicas repartidas por diferentes zonas de las ciudades con el objetivo de propiciar la convivencia y la integración, además de la conservación de esos barrios.

Uno de los principales problemas de las viviendas públicas son aquellas que están en barrios degradados y que, por la presión del entorno, caen en manos de mafias que expulsan a los adjudicatarios legítimos. Muchas de ellas se convierten en zonas de cultivo de marihuana, en algunos casos previo pago a los vecinos legales que se ven en una situación complicada en un entorno hostil.

Otro de los problemas de estas viviendas, como denuncian muchas organizaciones sociales, es que los delincuentes expulsan a sus vecinos legítimos para introducirlas en una red de alquiler a quienes están de manera ilegal en España y se ocultan en estas casas, algunas convertidas en pisos patera.

La okupación ilegal es un problema añadido para estas viviendas. Según los datos oficiales de la Junta de Andalucía, este fenómeno de la patada en la puerta a viviendas propiedad de la administración se ha reducido pasando del 13% en el 2022 al 9,4% en la actualidad.

El plan de la Junta

La consejera de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz, insiste en que el objetivo de este trabajo es garantizar el uso adecuado de las viviendas “para garantizar su fin social, que de eso se trata”. La actuación de la Agencia de Vivienda se centra principalmente en que esa recuperación de viviendas llegue a las personas que realmente están ocupando legalmente los registros de demandantes de vivienda.

Uno de los asuntos que más preocupa en el Gobierno andaluz es la okupación ilegal, “vamos a trabajar para que la okupación no sea una realidad en Andalucía”, explica.

“Frente a la okupación ilegal, la inquiocupación o el uso fraudulento de viviendas, este Gobierno no mira hacia otro lado: hemos creado el Sistema Andaluz de Lucha contra la Ocupación y excluido a los condenados por ocupación ilegal del acceso a la vivienda protegida. También hemos establecido un protocolo de verificación pionero que, en colaboración con los ayuntamientos, pretende proteger el patrimonio residencial de todos los andaluces”.

Rocío Díaz también apuesta por actualizar el censo de los inquilinos de las viviendas sociales, una medida que también puede suponer mejorar para los inquilinos. Se trata de tener actualizada la situación de los beneficiarios para ofrecerles la solución que necesitan: una vivienda más grande, si ha habido más niños; un alquiler más asequible en caso de dificultades; o ayudas sociales.