La Junta de Andalucía prepara un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la financiación singular para Cataluña

El Gobierno andaluz está estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional si se confirma el acuerdo de financiación singular para Cataluña, previsto para ser firmado el próximo 14 de julio de 2025. Antonio Sanz, consejero de la Presidencia ha calificado este posible pacto como "la mayor traición a Andalucía en su historia", advirtiendo sobre las graves consecuencias que podría tener para la igualdad entre comunidades autónomas.

Sanz ha señalado que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, estaría a punto de culminar un agravio histórico contra Andalucía. El consejero ha manifestado su preocupación ante la reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat programada para mediados de julio, donde podría materializarse este acuerdo que, según sus palabras, supondría "un atentado al principio de igualdad".

"María Jesús Montero va a pasar a la historia a partir del próximo 14 de julio como la mayor traidora a Andalucía, porque va a confirmar lo que todos sabemos, que traiciona a Andalucía apostando por la desigualdad y por los privilegios entre unas comunidades autónomas y otras", ha declarado Sanz, quien considera que el pacto vulneraría principios constitucionales fundamentales.

Impacto económico y fiscal del posible acuerdo

Según el consejero andaluz, el acuerdo contempla ceder a Cataluña el 100% de la gestión del IRPF y garantizarle una "financiación privilegiada", lo que podría tener importantes repercusiones económicas. Sanz ha advertido que este modelo podría suponer "la detracción de un 20% del PIB estatal" de los recursos disponibles, comprometiendo la planificación económica que corresponde al Estado central.

"No sólo perdemos 1.500 millones como consecuencia de un mal acuerdo de financiación sin resolver en este momento, y nos debe más de 15.000 millones el Gobierno de Sánchez a los andaluces", ha explicado el consejero, añadiendo que esta medida pondría en riesgo el principio de estabilidad presupuestaria del Estado en su conjunto.

Ante esta situación, el Gobierno andaluz ha anunciado que estudia "firmemente" recurrir al Tribunal Constitucional si finalmente se materializa el acuerdo. Sanz ha enfatizado que desde Andalucía se reclama "un trato justo" y "respeto" a la comunidad autónoma, comprometiéndose a "pelear con todas sus consecuencias a nivel político" contra lo que considera una medida inconstitucional.

El consejero ha acusado al Ejecutivo central de intentar "romper y trocear España" para mantener el poder "a toda costa", superando lo que denomina como "líneas rojas". Según su análisis, el modelo propuesto convertiría al Estado en "insostenible desde el punto de vista financiero, presupuestario y económico", además de romper "con la igualdad de oportunidades entre todos los españoles".