Fedea concluye que la propuesta de financiación mejora los recursos de Andalucía pero no corrige la posición relativa

La propuesta del Gobierno central para reformar el sistema de financiación autonómica supondría una mejora de los recursos que recibe Andalucía, aunque sin resolver de forma plena su histórica posición de desventaja en términos de financiación por habitante ajustado. Así se desprende del primer análisis elaborado por el economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) Ángel de la Fuente, que simula el impacto del nuevo modelo con los datos de 2023.

Según estos cálculos, Andalucía ganaría con la nueva propuesta en torno a 367 euros más por habitante ajustado, lo que elevaría su financiación efectiva hasta los 3.588 euros, gracias a una inyección de fondos al sistema que el Ministerio de Hacienda cifra en unos 21.000 millones de euros a partir de 2027. En términos absolutos, Andalucía sería una de las grandes receptoras de los recursos adicionales, un hecho que está en línea con el peso poblacional y la menor capacidad fiscal.

Ese montante (3.588 euros) resulta 143 menos que la media nacional, que sería de 3.731 euros por habitante. Fuentes del Gobierno andaluz destacaron ayer que esa cuantía sería 389 euros menor por habitante que la que recibiría de promedio un catalán (3.977).

Cuando se analiza la posición relativa de Andalucía respecto al del resto de las comunidades autónomas, el informe de Fedea interpreta en efecto que la mejora para Andalucía es limitada. El índice de financiación por habitante ajustado subiría del 95,0 al 96,2, una cifra que es inferior a la media nacional, fijada en el indicador de 100. Se trata de un avance de apenas 1,2 puntos, una elevación modesta si se compara con otras comunidades autónomas que también elevan la posición o con aquellas que, partiendo de niveles más elevados, continúan situándose claramente por encima de la media del país.

El estudio del indicador anterior, referido al reparto de los recursos, Andalucía, con un valor de 96,2 con la nueva propuesta, se situaría entre las seis comunidades autónomas que mejoran su posición junto a Murcia (94,8), Valencia (97,8), Madrid (101,5), Cataluña (106,6) y Baleares (112,5). Además de las mencionadas Madrid, Cataluña y Baleares, hay otras tres comunidades autónomas que, a pesar de verse menos beneficiadas con el modelo propuesto, continuarían por encima de la media: La Rioja (pasaría del 110,4 al 100,3), Cantabria (de 116,8 a 106,2) y Canarias (de 110,1 a 106,8).

El nuevo modelo se articula en torno a dos grandes fórmulas de redistribución –nivelación horizontal y vertical– que beneficiarían a Andalucía. Mediante esos dos valores de reequilibrio, la comunidad andaluza recibiría más de 7.000 millones de euros en transferencias, lo que refuerza su papel como receptora neta del sistema. Otros instrumentos introducidos por la reforma, sin embargo, tienen un impacto neutro o son directamente desfavorables para los intereses andaluces.

Es el caso del mecanismo del IVA con respecto a las Pymes, que es un parámetro nuevo que asigna recursos adicionales a las comunidades donde la recaudación del impuesto indirecto de las pequeñas y las medianas empresas supera el peso del consumo. Andalucía queda excluida de este reparto, a diferencia de territorios como Cataluña, Valencia o Madrid, lo que efectivamente limita su mejora relativa. Algo similar ocurre con el ajuste por “costes fijos” en el cálculo de la población ajustada, diseñado de forma que favorece principalmente a comunidades de menor tamaño.

Andalucía saldría beneficiada por el contrario con el Fondo Climático, dotado con algo más de 1.000 millones de euros, del que recibiría 234 millones de euros por su condición de comunidad mediterránea. El informe de Fedea cuestiona no obstante el carácter de este fondo de nueva creación por considerarlo poco vinculado a las políticas climáticas efectivas y que resulta más cercano a un posible reparto arbitrario de los recursos.

En conjunto, según cabe destacar del informe, la reforma permitiría a Andalucía disponer de más fondos para dedicar a los servicios públicos como la salud, la educación o la dependencia pero no altera sustancialmente su posición estructural en el sistema. La comunidad andaluza seguiría dependiendo en gran medida de los mecanismos redistributivos y permanecería por debajo de la media en financiación por habitante ajustado, una situación que el nuevo modelo atenúa pero no acaba de revertir.