El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla José Ignacio Vilaplana ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera y otras veinte personas investigadas en una pieza separada del caso de los ERE en la que se investigan las presuntas irregularidades en las ayudas concedidas a empresas del Grupo Ruiz-Mateos (Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.) por un importe total de 35.119.277,50 euros.En un auto notificado este jueves, el magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de veinte días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.De este modo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de 21 investigados, entre ellos el exalto cargo de la Junta referido, varios directivos y representantes de las empresas que recibieron las ayudas (entre ellos tres hijos del fundador del Grupo), cinco “intrusos” y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter.Asimismo, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros 16 investigados al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación -relevante penalmente- en los hechos por los que se procede en la presente causa”. Entre los investigados contra los que se archiva la causa se encuentran otros tres hijos del fundador del Grupo, un ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, o varios miembros del comité de empresa de dichas mercantiles.En relación a estos últimos, el juez argumenta que, “sin perjuicio de que conocieran que las correspondientes pólizas de prejubilación iban a ser financiadas por la Consejería de Empleo de la Junta, lo cierto es que no consta con la solvencia necesaria que colaboraran de forma trascendente en el otorgamiento y pago de las ayudas objeto de auto; ayudas que habrían sido obtenidas, gestionadas y satisfechas a iniciativa y con la colaboración directa de los correspondientes directivos empresariales, asistidos de los mediadores/conseguidores”.Asimismo, el instructor explica que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento por su participación en estos hechos presuntamente delictivos contra el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero (ya fallecido) y un ex director general de la agencia IDEA, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”, siguiendo así el criterio “a tal efecto establecido” por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en distintos autos que confirman la exclusiónde esta pieza de dichos ex altos cargos.El magistrado indica, de otro lado, que “no concurren” en Daniel Alberto Rivera “las mismas circunstancias sustantivas o procesales que las que recaen en sus antecesores en el cargo” de director general de Trabajo, añadiendo que su exclusión de esta causa, “en consideración a los mismos motivos por los que en su momento se excluyó” a Juan Márquez y a Francisco Javier Guerrero, “no puede tener acogida por la sencilla razón de que Rivera no ha sido enjuiciado en la causa del denominado procedimiento específico”, de forma que, “como ha señalado en numerosas resoluciones la Sección Séptima de la Audiencia, al haberse acordado el sobreseimiento respecto del recurrente en la causa del procedimiento específico, debe depurarse la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido en cada una de las piezas incoadas para la investigación de las ayudas concretas en cuyo pago hubiese intervenido”.En este caso, según argumenta el instructor en el auto, “concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícita -objeto específico del presente procedimiento-“, indicando que su no exclusión de las correspondientes piezas separadas relativas a las ayudas concedidas a las empresas beneficiarias de las mismas y “la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión ha sido ya destacada en diversas resoluciones” por la Audiencia Provincial.

Inclusión de cinco “intrusos”

Y ello es así “con independencia de que pudiera no haber tenido connivencia alguna con el resto de investigados, pues dicha circunstancia no constituiría una causa excluyente de la antijuricidad de su conducta en relación a los hechos delictivos objeto del presente procedimiento; varios sujetos pueden cooperar, adhiriéndose sucesivamente a la perpetración de un delito en sus distintas fases (de preparación, génesis, desarrollo y ejecución) sin una connivencia previa y expresa dirigida a su consecución, lo que podría diferenciar la coautoría -sucesiva o adhesiva- de la cooperación necesaria”, explica el juez, que asevera que “tampoco es óbice para acordar la continuación de las presentes actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado el hecho de que iniciara -años más tarde de disponer ilícitamente de los fondos públicos puestos a su cargo- un procedimiento dirigido a detectar y declarar la inclusión indebida de beneficiarios irregulares en las pólizas”.El magistrado agrega que, en todo caso, “dicha actuación revisora y de comprobación realizada por el investigado respecto de la inclusión de los ‘intrusos’ en las pólizas de las empresas beneficiarias de la financiación de los EREs por la Dirección General de Trabajo no puede ser valorada como una circunstancia eximente o como una excusa absolutoria de los ilícitos penales en los que habría tenido participación -autoría- en el año 2010; aquella actuación, producida mucho tiempo después de perpetrarse los delitos que se deducirían cometidos” por el ex alto cargo, “una vez iniciada la investigación penal de los hechos en el marco de la causa matriz, no es constitutiva de supuesto alguno de exclusión o de exención de responsabilidad previsto en el Código Penal, pudiendo dar lugar, a lo sumo, a la apreciación de una atenuante de reparación del daño o análoga”.El juez precisa en el auto que el objeto de esta pieza separada del caso ERE “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas” desde el año 2001 al año 2010 por la Dirección General de Trabajo en favor de las empresas del Grupo Ruiz-Mateos (Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz Mateos S.L., Europa Center -Hotel Cervantes-, Dhul), ascendiendo el importe de estas “supuestas subvenciones graciosamente concedidas” a la suma de al menos 35.119.277,50 euros.Las mismas, según explica el instructor, habrían tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como el pago de las indemnizaciones por despido (“prejubilaciones”) de sus trabajadores afectados por cuatro ERE concertados y autorizados por la autoridad laboral mediante la financiación de un seguro de rentas, “incluyéndose también en dicho aseguramiento a algunos “trabajadores” que no estaban afectados por los ERE descritos y que ni siquiera tenían relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiarios de aquél”.El magistrado añade en el auto que los responsables y representantes de las sociedades beneficiarias investigados en esta causa, “gracias a la intermediación” de otros dos encausados, “habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas “subvenciones” públicas, de forma absolutamente arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad y de espaldas al procedimiento legalmente establecido”.