En el Parlamento se han evidenciado hoy dos fórmulas opuestas sobre cómo debe afrontarse el agujero presupuestario que ha provocado la crisis de la pandemia. La Junta mantiene con la cifra de 1.800 millones de euros como gasto imprevisto, la mitad del ámbito sanitario y la otra mitad en asuntos sociales y de educación, entre otros. Para hacer frente a ese desvío, la Junta creó primero un fondo sanitario que luego amplió al resto de sectores y que ha supuesto movilizar 700 millonesde euros de fondos propios

Según PSOE y Adelante Andalucía, parte de ese dinero procede de un “recorte” en servicios públicos. Según el consejero de Hacienda, Juan Bravo, con esta reorganización de partidas y el uso de remanentes se evita un mayor déficit.

“Han mostrado una afición y una prisa enorme por recortar”, ha señalado el portavoz socialista de Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, que ha acusado al Gobierno de “aprovechar” la situación de pandemia para “hacerse con los remanentes del sector instrumental”. El titular de Hacienda ha defendido su apuesta por reorganizar los recursos, ya que considera que los gastos extraordinarios generados por la pandemia no pueden afrontarse sólo con la de déficit ni en las aportaciones estatales, “sino de la optimización de los recursos económicos disponibles”.

Esos recursos, entre otros son los remanentes de 25 millones del Instituto Andaluz de Riesgos Laborales; otros 18 de Veiasa, la empresa pública que gestiona las ITV, y 20 millones de Epgasa, la entidad que controla las propiedades de la Junta en la Isla de la Cartuja de Sevilla y otros territorios. A ello hay que sumar 4,2 millones ofrecidos por el Parlamento, 80 millones del fondo inicial creado en los inicios de la pandemia y créditos “con riesgo de quedar sin ejecución” por valor de 93 millones. También hay 89,8 millones que proceden de reasignación de “prioridades” en la consejerías y el sector instrumental.

En el apartado de las modificaciones presupuestarias destacan los 9,6 millones procedentes del plan de reestructuración del sector público, una de las medidas pactadas por el Gobierno con sus socios de Vox, y cuatro millones del fondo de apoyo a municipios del Campo de Gibraltar con motivo del Brexit. También se recuperan 12 millones inicialmente destinados al Servicio Andaluz de Empleo, 10 millones destinados al “incremento de plantilla presupuestaria” en Educación, 4,5 millones de inversiones y ayudas de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y casi cinco millones en proyectos de investigación y de apoyo a estudiantes de máster.

Bravo ha recordado que el uso de los remanentes no incidirá en el cumplimiento de la regla de gasto, ya que no estaban previstos como tal y corrían el riesgo de quedar “ociosos”. Sobre este punto, el diputado de Adelante Guzmán Ahumada ha puesto en duda la legalidad del uso de los remanentes y tachó de “opaco e insuficiente” el fondo de emergencia de la Junta.