La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha encargado este jueves un informe sobre la situación de los juzgados de las provincias de Cádiz y Huelva afectados por las causas contra el narcotráfico.

Lo ha hecho tras recibir un escrito de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria que advierte de la sobrecarga de trabajo que estos juzgados soportan como consecuencia de la tramitación de causas complejas por narcotráfico en el orden penal y civil.

En concreto, la Comisión Permanente quiere recabar del Servicio de Inspección un informe sobre la situación en la que se encuentran los juzgados de primera instancia e instrucción de las localidades de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz (19 en total), así como los de Ayamonte y Moguer, en Huelva.

El informe deberá incluir una propuesta con las medidas necesarias para paliar la situación en la que se encuentren, especificando cuáles de ellas son competencia del CGPJ.

Ante las diversas propuestas de la asociación, la Comisión ha acordado dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de aquellas que requieren reformar la Ley del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se trata de la asunción por la Audiencia Nacional de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen sus efectos, así como liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma y limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación contra decisiones del instructor.

Además, establecer un complemento salarial de peligrosidad y/o penosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas así como la implantación de los Tribunales de Instancia a medio plazo y la unificación de los sistemas de gestión procesal.

Al Ministerio del Interior ha trasladado la propuesta de reforzar con más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por último, ha decidido poner en conocimiento de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia una mejora en la dotación de medios materiales y personales.