El verano es ya casi historia, las enloquecidas filas del independentismo catalán, infames supremacistas la mayoría, siguen avanzando y la respuesta del Estado aún no se ha producido, ni siquiera sugerido. Creo que el Gobierno de España tiene claro el plan para poner fin a esta endemoniada situación, que existe tanto visión política como valor y coraje para ello y que la sistemática ofensa a la Constitución, el reiterado incumplimiento de la Ley y la pesadilla de una confrontación civil serán arrasados. Eso es lo que anhelamos la mayoría de los españoles. Pero debo reconocer que mi fe en ello, como la de muchos, en ocasiones flaquea.

No parece ya el momento procesal oportuno de recordar que Cataluña disfruta hoy del mayor grado de autogobierno de su historia, superior al que habrían soñado los más conspicuos nacionalistas, y que dispone de instrumentos -en materia educativa, fiscal o de seguridad por poner algún ejemplo- para regir su destino más allá de lo que nos parece razonable a muchos. Eso lo saben los nacionalistas catalanes tan bien como los que no lo somos. Insistir en ello es hoy estéril. El diálogo sobre ello será siempre necesario, pero sobre la base del cumplimiento de las normas. Sin eso, nada hay que hablar: es aceptar el chantaje.

Tampoco parece el momento de reproches a cuenta de una desgracia tan grave como el atentado islamista de agosto en Barcelona. Tiempo habrá de depurar responsabilidades y exigírselas a quien haya actuado, como se intuye, de manera chapucera e irresponsable, desoyendo llamadas de atención y poniendo un demencial objetivo político por encima de la protección y la seguridad de sus ciudadanos. Independencia y provocación al Estado antes que seguridad. Así estamos.

Es el momento de actuar. Como certeramente señala el catedrático de Constitucional Roberto Blanco Valdés, después de denunciar lo que con brillantez denomina el silencio de los bomberos -el de los que debiendo haber denunciado y sofocado en sus inicios esta locura, han permanecido callados cómodamente instalados en su bienestar profesional y económico, riendo las gracias del nacionalismo- tan sólo hay ya dos caminos. La improbable retirada de los sediciosos que alientan un golpe de Estado o el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. Confiar en lo primero es pecar de ingenuo. Sólo parece quedar lo segundo y mecanismos hay suficientes y variados: la inacción sólo conduce al abandono de los catalanes que confían en el Estado, a la dejación de funciones y al fracaso.