LA actual crisis económica tiene efectos colaterales especialmente perversos. Quizás no se ha percibido aún con toda claridad, entre tantas cifras y estadísticas que anuncian un futuro incierto, pero lo cierto es que las medidas que se están aprobando por este Gobierno han dejado en evidencia la fragilidad normativa de la Constitución. Las decisiones políticas que se están poniendo en práctica como terapia para superar los problemas del sistema financiero y el déficit presupuestario suponen un duro golpe contra algunos derechos y principios constitucionales que simbolizaban las conquistas del Estado el Bienestar.

El diagnóstico se puede extender, en efecto, al conjunto de países que conforman la Unión Europea. Por desgracia en este punto se confirma la idea, cada vez más compartida, de que no existen diferencias sustanciales entre gobiernos de izquierda y de derecha a la hora de diseñar las políticas económicas nacionales y configurar las reglas básicas de la reforma laboral. Al menos así lo perciben la mayoría de los ciudadanos europeos cuando, al margen del signo ideológico de sus respectivos gobiernos, sus derechos sociales y laborales se ven recortados en igual medida por una especie de patrón único sometido a las leyes del mercado.

Pero conviene recordar que aquí, como en el resto del continente, contamos con normas constitucionales que proporcionan la legitimación necesaria para que los poderes públicos que representan la voluntad popular puedan actuar e intervenir con el objetivo de salvaguardar el interés del conjunto de la sociedad, incluso restringiendo hasta el límite que sea preciso las libertades económicas y empresariales que se han ejercido de forma especulativa y en contra precisamente de ese interés general.

Llevamos algunas décadas defendiendo el valor constitucional de los derechos de los trabajadores, las condiciones dignas en las que desempañan su trabajo, el valor efectivo de los convenios colectivos, la igualdad entre hombre y mujer en materia salarial, en definitiva su dignidad frente la prepotencia y la arbitrariedad patronales que no pocas veces asoma en las relaciones laborales.

Nuestra Constitución ha reconocido también, como un imperativo insalvable para cualquier gobierno, la obligación de actualizar las pensiones de quienes han alcanzado esa situación de debilidad social y económica que llaman de forma eufemística la tercera edad. Un decreto o una ley de presupuestos que no lo hagan se podrían declarar inconstitucionales; bastaría que el principal partido de la oposición dejara la demagogia a un lado y presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional; aunque esto quizás sea pedirle algo de coherencia a quien no da muestras de querer asumir sus responsabilidades.

Han llegado las rebajas igualmente para ese derecho fundamental a un medio ambiente adecuado; este otro mandato constitucional parecía haber cobrado una importancia capital, convertido en el instrumento de la sociedad para responder a la permanente degradación del entorno y la especulación urbanística en nuestras ciudades. Me pregunto qué será ahora de nuestros espacios naturales, de las escasas playas que se han salvado de la ferocidad de constructores sin escrúpulos y alcaldes que les respaldan con su complicidad y recalificaciones incontrolables. A partir de ahora seguramente valdrá todo con tal de salir de la crisis mediante un fatuo progreso económico que no entiende de especies ni de paisaje, que carece de una mínima sensibilidad ecológica para respetar la naturaleza que nuestros hijos tienen también derecho a disfrutar.

En esta crisis tampoco hay espacio, al parecer, para ese principio constitucional con el que los ayuntamientos se defienden de las administraciones más poderosas que imponen la política de recuperación económica. La autonomía municipal está siendo encajonada manera ostensible, si no abiertamente vulnerada por decisiones del gobierno central que exigen sin paliativos reducción de gasto. No se ha dejado margen alguno para que estas obligaciones se impongan desde una esfera cooperativa y el acuerdo de las entidades que disfrutan en nuestra Constitución de un ámbito de gestión y son, sin duda, la primera Administración de choque frente a los ciudadanos.

En fin, desde la Universidad llevo muchos años intentando convencer a mis alumnos de que la Constitución, al contrario de como afirmó un ilustre académico en una época que sonaba a remota, no es una simple hoja de papel. Las circunstancias me obligan a poner en cuarentena esta opinión; peca de una ingenuidad impropia de mi edad.