LA vigente ley electoral dice que el cargo de diputado en el Congreso es incompatible con el desempeño de cualquier otro puesto, profesión o actividad retribuida. La práctica postelectoral dice, en cambio, que de los 350 diputados en la actual legislatura 250 cobran unos dineros al margen de su sueldo de diputados.

¿Cómo se consigue esto? Como dijo el famoso torero sobre aquel banderillero suyo que llegó a gobernador civil en la posguerra: degenerando. La ley, es cierto, abre la posibilidad de que un diputado pueda compatibilizar su gestión parlamentaria con actividades externas que no impliquen relación contractual con las administraciones públicas. Pero degenerando, degenerando, la mayoría de los diputados han logrado convertir esta excepción en regla. Ahora son minoría los que se dedican en exclusiva al Congreso y viven sólo del sueldo que les paga el Congreso.

Es así gracias a la complicidad y a la opacidad. La complicidad afecta a prácticamente todos los grupos parlamentarios, que tienen en sus filas a diputados a los que se permite compatibilizar actividades y negocios (bien es verdad que 90 diputados se rebelaron y votaron en contra); la opacidad se refiere a que los dictámenes de la Comisión del Estatuto del Diputado autorizando las compatibilidades son secretos -únicamente los conocen los portavoces de cada grupo- y a que en el pleno correspondiente los diputados han de votar, lo que les mandan, a ciegas y a puerta cerrada. Transparencia, ¿para qué?, pensarán los jefes parlamentarios.

La democracia casa mal con el secretismo y con la sospecha, y la credibilidad de los representantes del pueblo, ya en entredicho, pierde muchos enteros cuando en asuntos de dinero se juntan las dos cosas: los secretos que no se evitan y las sospechas inevitables (¿qué pensar de un diputado que plantea en el Congreso cuestiones en las que tiene interés por sus actividades particulares?). Es preferible que los diputados se dediquen en cuerpo y alma a su labor política y que perciban remuneraciones dignas, incluso más elevadas que las actuales, a que actúen como políticos mediopensionistas y reciban menos dinero del erario público, pero hagan negocios y complementen sus ingresos con gestiones, consultorías y trámites en los que no queda clara la distinción entre la esfera pública y la privada. No tienen que pasar necesidades por representar a los ciudadanos, ni tampoco enriquecerse aprovechando su condición de representantes de la soberanía popular.

A la política se va a servir, no a servirse de ella. Sabio principio del que la gente desconfía por la sencilla razón de que algunas actitudes de los que debían servir incitan a la desconfianza. Como ésta de votar en secreto que se pueda trabajar a ratos por la ciudadanía.