Córdoba

La renta de emancipación enfrenta a estudiantes y propietarios de pisos

  • Los jóvenes demandan a los dueños de las viviendas que legalicen los contratos de arrendamiento para poder cumplimentar la solicitud para optar a las ayudas

En los albores de septiembre se inicia la segunda fase de la operación "búsqueda de piso" para decenas de estudiantes. Encontrar un lugar de residencia puede resultar una tarea ardua. Además, una vez que se encuentra un inmueble que se ajuste a las características deseadas, pueden surgir discrepancias entre el propietario y los futuros inquilinos. Últimamente, la mayoría de los "roces" reside en que los jóvenes arrendatarios demandan a los caseros que legalicen el contrato de alquiler del piso. La tendencia que se está registrando en los últimos meses de realizar esta petición tiene como objeto poder completar la solicitud para acceder a las ayudas de alquiler destinadas a los jóvenes.

En Andalucía, los jóvenes pueden optar a dos ayudas para sufragar parte del gasto del alquiler. Por un lado, el Gobierno Central aprobó hace un año el plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, una medida por la que las personas ocupadas (trabajadores por cuenta ajena, autónomos, parados con prestación por desempleo y becarios de investigación) de entre 22 y 30 años pueden recibir 210 euros para el pago del arrendamiento de su vivienda. Los estudiantes que conjugan su formación académica con un empleo, por lo tanto, pueden ser destinatarios de la renta de emancipación, en función, eso sí, de cuál sea su situación laboral. Por otro lado, la Junta, a través de la Consejería de Vivienda, sufraga el 40 % de la cantidad a la que asciende el alquiler de los jóvenes andaluces a los que se les concede la ayuda. Para acceder a las ayudas, que son compatibles, es imprescindible presentar una copia del documento de arrendamiento. En este punto es donde surge el problema para muchos estudiantes, pues la mayoría de los pisos destinados a éstos no se alquilan de forma legalizada, por lo que el contrato carece de validez ante la Administración.

"El año pasado tuve que resignarme a que mi casero no quisiera declarar que estaba alquilando el piso", comenta Ana Gómez. Este año, esta estudiante de Magisterio ha decidido mudarse a una vivienda en la que el propietario esté dispuesto a legalizar el contrato. Por el momento, su búsqueda está resultando infructuosa. "Los caseros sólo quieren ahorrar todo cuanto puedan. Pero claro, nosotros también", explica Ana.

La negativa de los dueños a hacer oficial el arrendamiento de su vivienda se fundamenta en que ello puede repercutir negativamente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sin embargo, la situación ha cambiado. La actual Ley del IRPF dicta que los propietarios no pagan los impuestos por los ingresos que recibe del alquiler, siempre que el arrendatario sea menor de 35 años. No obstante, muchos propietarios desconocen este cambio en la legislación. Dolores alquila un piso de Ciudad Jardín desde hace cinco años. Hasta ahora, ninguno de sus inquilinos le ha propuesto que haga oficial el contrato, pero de hacerlo, afirma que no estaría dispuesta. A pesar de que le devuelvan el importe del impuesto, no lo haría sólo por ahorrarse el trámite. "Casi todos los caseros alquilan el piso en negro. No voy a ser yo más tonta", explica.

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