La Princesa Leonor jurará este martes la Constitución en un acto solemne ante las Cortes con un marcado carácter simbólico con el que se escenifica la continuidad de la monarquía parlamentaria y por el que se convertirá ya de pleno derecho en la heredera del trono.

La Princesa de Asturias alcanza este 31 de octubre la mayoría de edad, por lo que, conforme con lo previsto en la Carta Magna en caso de muerte, incapacidad o abdicación de Felipe VI podría sucederle de forma inmediata. Hasta ahora, si esto se hubiera producido, estaba prevista la regencia de su madre, la Reina Letizia.

El juramento tendrá lugar sobre la misma Constitución sobre la que cumplió con este requisito su padre, el ahora Rey Felipe VI, el 30 de enero de 1986, y las palabras también serán las mismas: "Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al Rey".

Relevancia del acto

Tanto la Casa del Rey como el Gobierno han puesto en valor en los últimos días la importancia de este acto institucional y su trascendencia. Durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias el pasado 20 de octubre, el Rey se dirigió expresamente a su hija, resaltando que la jura de la Constitución es "un acto de enorme trascendencia institucional, simbolismo histórico y compromiso personal".

Desde el Gobierno han tratado de minimizar la ausencia de parte de los ministros en un acontecimiento que su portavoz, Isabel Rodríguez, ha calificado "de gran trascendencia histórica y simbólica y con una dimensión jurídica importante".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha reivindicado que "el Gobierno estará prácticamente al completo", pese a la ausencia de las titulares de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de Igualdad, Irene Montero, ambas de Podemos, y del titular de Consumo, Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida.

Ausencias políticas

La portavoz ha asegurado que el Ejecutivo da "mucha importancia" al acto y ha tratado "con mucho mimo" todos los preparativos. "Lo hemos abordado queriendo demostrar con ello la fortaleza de nuestra democracia y garantizando la continuidad de la Corona como una institución central en nuestro sistema político y demostrando que la monarquía también está en esa senda de estar siempre del lado de la Constitución", ha esgrimido la portavoz.

Las ausencias de los tres ministros no serán las únicas. Tampoco acudirán a la sesión solemne en el Congreso ni los diputados ni los senadores de PNV, EH Bildu, ERC, Junts y BNG. Del mismo modo, y en contra de lo que ocurrió el 30 de enero de 1986, no estarán presentes todos los presidentes de comunidades autónomas, ya que los de País Vasco, Íñigo Urkullu, y el de Cataluña, Pere Aragonès, han declinado su asistencia por motivos ideológicos. A su vez, la presidenta de Cantabria, María José Saénz de Buruaga, tampoco puede acudir ya que tiene una reunión del Consejo de Gobierno para aprobar los presupuestos.

Desde el PP no han dudado en afear todas estas ausencias al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, toda vez que, como ha destacado su secretaria general, Cuca Gamarra, se trata de los potenciales socios de cara a su investidura para un segundo mandato. "Muestra con quién está dispuesto a pactar Pedro Sánchez con tal de permanecer al frente del Gobierno", ha lamentado.

Amnistía

La jura de la Constitución se produce también en pleno debate en torno a la amnistía, después de que Sánchez reconociera finalmente este sábado abiertamente que ésta es la "única vía" para reeditar mandato. Está por ver si este debate en torno a la investidura, con la fecha límite del 27 de noviembre cada vez más cerca, se cuela en algún momento en los actos previstos durante la jornada.

De hacerlo podría ser en el discurso que ofrecerá la presidenta del Congreso, Francina Armengol, previo al juramento de la Princesa Leonor o por parte del propio Sánchez durante la imposición del collar de Carlos III en el acto que tendrá lugar después en el Palacio Real.

Menos probable aún es que pueda haber algún tipo de referencia al contexto político actual durante la intervención que realice la Princesa de Asturias tras recibir esta condecoración o en las palabras que pronuncie su padre, el Rey, en el almuerzo conmemorativo que tendrá lugar a continuación.

Discursos

Tampoco la jura del entonces Príncipe de Asturias el 30 de enero de 1986 estuvo exenta de polémica. Un rifirrafe entre el presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, y el presidente del Gobierno, Felipe González, ambos socialistas, fue el desencadenante de que al acto central en la Cámara Baja le siguiera otro en el Palacio Real.

El presidente del Congreso no consideraba adecuado que González interviniera durante la sesión solemne en la Cámara Baja y así se lo trasladó a Moncloa. Para su sorpresa, el Gobierno optó por organizar un acto paralelo en el Palacio Real para imponer al heredero al trono el collar de la Orden de Carlos III.

Como entonces, la Princesa Leonor también recibirá esta distinción, pero lo hará ante los miembros del Gobierno y todos los poderes públicos, lo que incluye a los presidentes de ambas cámaras, algo que no ocurrió en 1986, cuando ni Peces-Barba ni el entonces presidente del Senado fueron invitados.

Ausencia del emérito

A diferencia de entonces, además, está previsto que el Rey realice un discurso durante el almuerzo conmemorativo que se ha organizado a continuación y al que se ha invitado a un centenar de personas. En su caso, hubo una recepción con más de un millar de invitados pero Juan Carlos I no habló públicamente.

Otra de las diferencias es que el Rey emérito no estará presente. Cuando Don Felipe, entonces Príncipe de Asturias, juró la Constitución, lo hizo en presencia de los Reyes, de sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, y su abuelo paterno, Don Juan de Borbón.

Es más, el Conde de Barcelona fue mencionado expresamente en el discurso que pronunció Peces-Barba, quien elogió el "esfuerzo y sacrificio" realizado por este, ya que renunció a sus derechos dinásticos en favor de su hijo al que Franco designó como su heredero sin contar con su beneplácito.