La plaza de San José de Aguilar de la Frontera ha sido el escenario escogido para una de las primeras movilizaciones celebradas en la provincia durante el estado de alarma con autorización de la Subdelegación del Gobierno. Convocados por Unidad Popular de Aguilar (UPOA), el sindicato CTA y otros cuatro colectivos, y como un reverso de la marcha en coche que por la mañana tenía lugar en Córdoba capital capitaneada por Vox, medio centenar de personas, las máximas permitidas por el aforo y para garantizar el distanciamiento social, se concentraron en la tarde de esta sábado en la plaza ochavada bajo el lema “Trabajo, derechos y por un plan urgente de emergencia social”.

Los asistentes acudieron a la cita con guantes y mascarillas, como solicitaban los convocantes, y lo hacían a las 20:00, con un calor asfixiante que llevó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a declarar la alerta amarilla por altas temperaturas en la Campiña cordobesa. La movilización, a esa hora, se repetía en otros municipios andaluces, como Puente Genil.

El portavoz municipal de UPOA, Antonio Zurera, recordaba que en el mes de abril se registraron 422 contratos de trabajo en Aguilar, mientras en febrero de este mismo año eran 1.219. Además, del total, 411 fueron temporales, 272 del campo e indefinidos solo 11 (seis hombres y cinco mujeres). “Es decir, una ruina de empleo. Desde enero de 2009, en los años más duros de la crisis económica que nació en el verano de 2008, ni un solo mes había habido menos contratos de trabajo en Aguilar que en el pasado abril, y además con grandes diferencias”, incidió. Es, por tanto, la cifra más baja de los últimos 11 años.

Además, desde enero de 2008 hasta abril de 2020, ningún mes había habido tantas personas demandantes de empleo en el municipio de la Campiña Sur, con “la cifra más alta de los últimos 12 años”, dijo Zurera. Aguilar de la Frontera, que desde el inicio de la pandemia ha registrado únicamente 11 contagios, según las cifras oficiales de la Consejería de Salud y Familias, simboliza de esta manera el impacto que la crisis sanitaria ha provocado también en los ámbitos económico y social.

Entre las demandas, los convocantes citaron “una sanidad universal, pública y gratuita”; “la defensa del empleo, como una cuestión prioritaria, sin reducción de horarios ni recortes de salarios”; la derogación de las “contrarreformas laborales”; una salario mínimo interprofesional de 1.200 euros y una pensión mínima de 1.080, así como la “garantía alimentaria” para toda la población; la prohibición de los cortes de luz y agua mientras se esté en desempleo y la suspensión de ejecuciones hipotecarias durante dos años. En la movilización también participaron Nación Andaluza, el Partido Comunista del Pueblo Andaluz, la Juventud Comunista de los Pueblos de España y la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.