Vega del Guadalquivir

UGT exige el cumplimiento del convenio para las trabajadoras de ayuda a domicilio en Palma del Río

  • El sindicato responsabiliza a los ayuntamientos del incumplimiento empresarial de las licitaciones

Concentración ante el Ayuntamiento de Palma del Río.

Concentración ante el Ayuntamiento de Palma del Río. / El Día

Por un convenio, salarios y trabajo digno es el lema tras el que se han concentrado, a las puertas del Ayuntamiento de Palma del Río, representantes provinciales y locales de UGT Servicios Públicos junto a trabajadoras y trabajadores del sector de ayuda a domicilio de la localidad de la Vega del Guadalquivir.

Unos salarios que, desde la formación sindical de trabajadores, indican, “deberían haberse subido en torno al 6,5% con relación al IPC del pasado año, como establece el convenio, pero no ha ocurrido”, señaló la responsable de Sanidad Privada en UGT Servicios Públicos, Amelia Fernández. A este incumplimiento, denunció Fernández, se sumarían otros como el de llevar a cabo contratos inferiores a 20 horas la semana cuando el convenio establece un límite de, como mínimo, 25, o el no pagar a estas trabajadoras el tiempo de traslado desde el domicilio de un usuario al de otro.

Asimismo, desde UGT Servicios Públicos denuncian incumplimientos en el sector en relación a las normas de prevención de riesgos laborales o la desprotección ante ciertos comportamientos de algunos usuarios e incluso sus familias, que en ocasiones les exigen que realicen trabajos que nada tienen que ver con los atribuidos a la función de ayuda a domicilio.

UGT Servicios Públicos, que organizó la pasada semana una caravana de coches que recorrió la capital cordobesa reivindicando los derechos de estas trabajadoras y trabajadores, anunció a través de su responsable en Salud Privada que continuará con las movilizaciones hasta alcanzar los objetivos planteados y “dignificar el trabajo de estas empleadas de lo público en manos de empresas que gestionan interesadamente unos servicios públicos con fondos públicos y licitaciones que se llevan a cabo con los ayuntamientos, instituciones públicas, incumpliendo incluso los puntos de licitación firmados con los consistorios mientras estos miran hacia otro lado”.

“Las instituciones públicas son responsables de la gestión del dinero público y de los servicios públicos y, si cede o delega esa responsabilidad en empresas privadas, ante todo, deben ser exigentes en el escrupuloso cumplimiento de las normas y las leyes que protegen tanto a los usuarios como a las trabajadoras y trabajadores ya que, de no hacerlo, se convierten en cómplices de estos incumplimientos”, sentenció Amelia Fernández.

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