El nuevo tren de proximidad de Palma a Villa del Río ha sido declarado por el Gobierno de España como una obligación de servicio público. Así figura en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 y recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 24 de diciembre. Si los tiempos anunciados se cumplen, el proyecto piloto para el tren de proximidad del Valle del Guadalquivir verá la luz, tal y como se había anunciado, en el primer trimestre del año que viene. 

En un máximo de 30 días -finales de enero- desde la entrada en vigor de los presupuestos, el Ministerio establecerá las condiciones de frecuencia, horarios y tarifas, y Renfe empezará a prestar estos servicios en el plazo máximo de otros 30 días desde dicho establecimiento; es decir, el tren debería estar en funcionamiento entre febrero y marzo.  En el caso de que, "por razones técnicas o de recursos humanos", no fuera posible iniciar los servicios en el plazo establecido, "comenzarán a prestarse en el plazo más breve posible", según explica el BOE. 

La experiencia piloto tendrá un plazo de tres años, que podría ampliarse a toda la vigencia del contrato si se cumplen unos niveles de utilización que se establecerán en la modificación del contrato, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

Este servicio ferroviario es considerado "de proximidad", por contar con frecuencias intermedias entre los servicios de Cercanías y los servicios de Media Distancia. Su funcionalidad es dar respuesta a las necesidades de movilidad cotidiana, en las zonas en las que ésta exista. 

Los PGE para 2023 recogen una partida millonaria para inversiones en la red de Cercanías de la provincia con el objetivo de adaptar las infraestructuras existentes a este proyecto piloto. Las cuentas también incluyen una transferencia de otros 10 millones de euros a Renfe para que el servicio de trenes sea gratuito al tratarse de una obligación de servicio público, y otros dos millones de euros destinados a que los ayuntamientos de la zona pongan un servicio de lanzaderas en autobuses que conecten con las estaciones de trenes, que en muchos casos están alejadas de los núcleos urbanos.

Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas cuando se ponga en marcha, según los datos del propio Ministerio, pues los núcleos de población que cuentan con estación a menos de un kilómetro suman alrededor de 64.000 habitantes y con estación a más de un kilómetro llegan a los 42.000. Si a ellos se les une la capital, la cifra supera los 400.000 ciudadanos. Sin embargo, los autobuses, que pararán en las estaciones coincidiendo con los horarios de los trenes son de los requisitos más importantes para aumentar la demanda. 

Se satisfacen, además, las reivindicaciones del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Medio Guadalquivir, entre ellas la consideración de obligación de servicio público que contribuye a combatir el despoblamiento rural, fomentar la movilidad sostenible, implantar una economía descarbonizada y favorecer el desarrollo de las poblaciones por las que pasa este corredor ferroviario. Y, además, se da un paso previo a la implantación de la Base Logística del Ejército de Tierra en el polígono de La Rinconada, que está considerado como el gran proyecto tractor de la economía cordobesa para los próximos años.

La inversión en ferrocarriles en la provincia para este 2023 asciende a 119,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 15,7% respecto al pasado año.