La subida del 22% en el precio del agua que tendrán que pagar los vecinos de los municipios que dependen de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) deberá entrar en vigor entre el mes de abril y mayo. Es el escenario temporal que se plantea el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, que ha asegurado que la zona Norte de la provincia no tendrá que pagar el incremento mientras a sus grifos no llegue el agua potable. 

Fuentes ha detallado que la subida, aprobada este lunes en el consejo de administración de la empresa pública con el voto a favor del PP, la abstención de Vox y el PSOE y a pesar de la negativa de IU, tiene que pasar por la Dirección General de Tributos de la Junta de Andalucía, la encargada de aprobar esta subida, un trámite administrativo que "puede tardar meses". Mientras el sí definitivo llega, Emproacsa, una empresa pública casi en quiebra técnica, asumirá la carga de ese periodo.

La subida del 22% no llegará a los vecinos de Los Pedroches y el Guadiato hasta tanto no cuenten con agua potable regular en sus hogares, una situación de crisis que ya se ha extendido durante nueve meses. Se trata de una bonificación a estas familias por parte de Emproacsa, que también bonificará a las familias numerosas y a las personas en riesgo de exclusión social con 9 metros cúbicos de agua gratis al mes y 0,40 euros a los que la tienen domiciliada en su banco y cuentan con factura digital. 

Según las cuentas de la Diputación, el coste real en la factura supone el pago de 3,47 euros más al mes. La factura de la mayoría de los usuarios, un 80%, va a pasar de 33,12 euros a 44,56 y, con eso, "empezamos a enderezar la empresa a nivel contable", ha dicho Fuentes, que ha recordado que la subida tuvo que haberse aplicado al menos desde el año 2021 dado el estado financiero de la empresa.

Y es que las cuentas de esta entidad que depende de la Diputación de Córdoba están en números rojos desde hace tres ejercicios económicos consecutivos. Emproacsa cerró 2023 con pérdidas de 7,5 millones de euros y una deuda acumulada de 14,5 millones, con lo que el "agujero contable" es de unos 22 millones de euros. En 2022 cerró con 6,4 millones de euros de pérdidas, mientras que en 2021 el déficit fue de 1,9 millones de euros.

Fuentes no descarta una nueva revisión al alza en la factura, aunque "se hará prudente y escalonadamente, con mucha responsabilidad social". El panorama que dibuja es que en 2025 "ya veremos", pues confían en poder "reorientar la empresa" antes. "La tarifa no tiene que seguir incrementándose en estos niveles", pero "se está pagando por el agua infinitamente menos que el coste real de que llegue a los grifos", afirma. 

"Encontramos la empresa en quiebra técnica y causa de disolución", ha recordado Fuentes, que asegura que "la situación de la empresa era absolutamente insostenible" porque "no se incrementaron las tarifas responsablemente". Así, ha destacado que la revisión necesaria tendría que haber sido de un 41,72%, pero la actualización de la tarifa será finalmente del 22,49%. En Sevilla ha sido de un 30% y en Málaga de un 40%, ha comparado, pero en Córdoba "nos manejamos en cifras equilibradas con la situación de los usuarios". 

"La empresa va a seguir siendo pública, la vamos a salvar" ha expresado el presidente de la Diputación, que ha admitido que necesitará una inyección de fondos, al menos 5 millones de euros en inversiones hidráulicas y 4 millones de euros para actuaciones en la zona Norte de la ciudad, financiadas por la Junta. "Esta es la gran apuesta por los 300 trabajadores y para garantizar una empresa pública sostenible y competitiva", ha destacado.