La mediación tras las reclamaciones relacionadas con el consumo empieza a funcionar. Así, el Sistema Arbitral de Consumo recibió durante 2018 un total de 312 solicitudes, lo que implica una disminución del 24% con respecto al ejercicio anterior “debido a que se está resolviendo un mayor número de reclamaciones en la fase de mediación en los distintos puntos de información al consumidor, y el conflicto no llega al arbitraje”, según ha informado la diputada provincial de Consumo y Participación Ciudadana, Aurora Barbero.

De estos 312 expedientes, se han archivado 262, de manera que quedan pendientes solicitudes que se finalizarán en este primer trimestre de 2019. “El arbitraje está siendo un sistema alternativo de resolución de conflictos en materia de consumo, rápido y eficaz”, ha redundado la diputada. El sector de actividad más reclamado es el de telefonía móvil y fija, al que le siguen el bancario y de seguros, y el del pequeño comercio, así como el eléctrico.

El Sistema Arbitral de Consumo “se trata de un servicio público que la Diputación de Córdoba, en colaboración con las asociaciones de consumidores y usuarios y organizaciones empresariales, pone a disposición de la ciudadanía para resolver las controversias que surjan en materia de consumo”. “No puede ser solicitado por las empresas o profesionales, ni para resolver conflictos entre ellos ni con sus clientes”, ha recalcado la diputada, quien ha incidido también en que “es voluntario, vinculante, rápido, eficaz y económico”.

Barbero ha incidido en la importante labor de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) y de los Puntos de Información al Consumidor (PICI) de la provincia de Córdoba, “ya que son los cauces que utilizan las personas consumidoras para presentar la solicitud de arbitraje de forma presencial”. “El ciudadano opta por la cercanía, la profesionalidad y el asesoramiento de estos organismos, para presentar y tramitar la solicitud de arbitraje”, ha resaltado.

Una red de 31 puntos de información 

En lo referente a los PIC, la diputada ha recordado que en 2016 se amplió la red, pasando de 28 a 31, con presencia en 51 municipios de la provincia (de forma directa en 31 de ellos y en los 17 restantes, como un servicio alternativo). Según datos de la Delegación de Consumo, en el año 2018 se han gestionado 2.537 actuaciones, con la siguiente distribución: 1.732 consultas atendidas; tramitadas 742 reclamaciones, 38 quejas y 25 denuncias; y 433 mediaciones realizadas dentro de los expedientes de reclamación citados.

El 91,40% de las actuaciones son presenciales, es decir, que el consumidor acude al PIC para exponer su consulta o gestionar una reclamación. “Esta atención cercana es muy bien valorada por los consumidores en general, por la calidad que le ofrece el técnico y la eficacia del servicio”, ha subrayado la diputada.

En cuanto al perfil de la persona que solicita asesoramiento en estos puntos, suele ser un adulto de edad comprendida entre los 35 y 55 años; un 51,64% hombres y un 74,62%, mujeres. El sector eléctrico, el de las telecomunicaciones y los servicios bancarios y de seguros son los más reclamados. En este sentido, las consultas o quejas se refieren al mal funcionamiento de los contadores y la desinformación sobre los servicios adicionales al contrato principal del suministro eléctrico, entre otras.

Barbero ha destacado que, “en el marco del Plan Impulso que puso en marcha el equipo de gobierno a principios del mandato, una de las líneas era Córdoba Participativa, y en este marco desde la Delegación de Consumo pusimos a disposición del consumidor estas dos herramientas que no solo benefician a título particular, también redundan a la sociedad en su conjunto”. “Las personas comienzan a tomar decisiones en cuestiones pequeñas, a nivel personal y poco a poco se sienten más capaces de analizar otras y tomar responsabilidades”, ha señalado.