Apenas cuatro meses ha estado abierta la cancela de la Colada de Torilejos, en el término municipal de Posadas, que daba acceso a la finca de La Zarza y de momento parece que su futuro es volver a cerrarse. La verja, protagonista de un auténtico huracán de protestas ecologistas durante el pasado verano de 2007, fue abierta por orden del Ayuntamiento el pasado 21 de septiembre y desmontada por operarios municipales el 31 de octubre. Ahora, el magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Córdoba, Antonio Jesús Pérez Jiménez, ha ordenado su reposición en un plazo máximo de 15 días.

Según el auto judicial, al que ha tenido acceso el Día y sobre el que cabe recurso de apelación, el juez ordena al Ayuntamiento a "reponer la cancela retirada mediante actuación material al margen de todo procedimiento y/o carente de la necesaria cobertura jurídica". El magistrado hace caso de esta forma a un recurso contencioso-administrativo que interpuso la Compañía Cordobesa Gestión y Renta SA contra el Ayuntamiento de Posadas. Esta entidad, que representa a los propietarios de la finca La Zarza, entiende que la cancela protegía el acceso principal a esta zona privada y ahora el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba le ha dado la razón.

A finales de este verano, el Ayuntamiento ordenó la apertura de la cancela y su posterior desmantelamiento después de asistir a una docena de manifestaciones de grupos ecologistas y verdes, que reclamaban su retirada al considerar que estaba instalada en una vereda pública y que impedía el libre tránsito de ciudadanos y de ganado. Las protestas se intensificaron a principios de septiembre y el día 14 de ese mes se desmadraron: los manifestantes intentaron su apertura a la fuerza, agredieron con piedras a los guardias civiles que protegían la cancela -hirieron a 18 agentes y uno de ellos ha llegado a perder un ojo- y tuvieron que ser disueltos por la fuerza policial. Al final, la Guardia Civil detuvo a cinco personas y el juez de Posadas ordenó su destierro hasta que las protestas cesaron de forma definitiva, una vez que la cancela fue retirada por orden del Ayuntamiento, que se escudó en unos documentos municipales que identificaban al lugar que ocupaba la verja como público.

Sin embargo, el juez de lo Contencioso entiende ahora que el Consistorio no hizo las cosas como debía y que al retirar la cancela sin cobertura jurídica "lesionó los derechos e intereses legítimos de la entidad recurrente". Es más, el auto insiste en que del argumento esgrimido por el Ayuntamiento para retirar la cancela, "la existencia de un camino público que ha sido usurpado, no hay ninguna evidencia".

A partir de ahora, el Consistorio cuenta con un plazo de 15 días para ejecutar la sentencia, que fue firmada el pasado 24 de enero, por lo que tiene que actuar con premura. La verja no sólo fue abierta al tránsito público, sino que los operarios municipales la desmontaron armados con una sierra radial. Sin embargo, el Ayuntamiento no está obligado a reponerla hasta que la empresa demandante no ingrese en el Juzgado un aval bancario de 15.000 euros. Esta cantidad ha sido fijada por el magistrado como caución o garantía por si "en verdad llegara a demostrarse que la cancela impide el libre uso de un camino público y el recurso fuera finalmente desestimado por una u otra razón".

De hecho, el Ayuntamiento cuenta ahora con un plazo de 15 días -siguientes a la notificación de esta medida cautelar- para interponer un recurso de apelación ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo o ante la sala con estas competencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con sede en Sevilla.

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