Hay quien no se resiste a perforar su parcela en busca de agua para llenar la piscina en verano, regar su jardín o tener el suministro asegurado en el chalé aunque no disponga de autorización para ello. El resultado de esta conducta, que se ha demostrado un problema para la seguridad pública tras la muerte de Julen en el municipio malagueño de Totalán, aparte de una irresponsabilidad desde el punto de vista medioambiental, es que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha incoado un total de 106 expedientes en la provincia de Córdoba durante los últimos dos años por la captación de aguas subterráneas y la construcción de pozos ilegales.

El organismo regulador es el competente en la inspección y vigilancia del cumplimiento de las concesiones y autorizaciones relativas al dominio público hidráulico en la mayor parte de la provincia, a excepción de una franja de terreno en el Norte, demarcación de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Tal es el problema que supone la apertura de pozos sin licencia, entre otras infracciones, que la CHG posee un servicio específico para el control y vigilancia del dominio público hidráulico, que ha sido clave durante los momentos más acuciantes de sequía.

La Confederación tiene un servicio específico para el control del dominio hidráulico

Las irregularidades detectadas en los últimos dos años, apuntan fuentes de la CHG, son múltiples. E incluyen la derivación de agua sin autorización y los vertidos que afectan a la calidad de las aguas. También se han detectado tomas sin permiso desde los arroyos, la creación de balsas para retener el agua de lluvia y, lo que se ha demostrado en los últimos días un problema para la seguridad ciudadana, la apertura de pozos.

El perfil de quien comete las infracciones, apuntan las mismas fuentes, es “muy variado”. Desde el ciudadano que dice desconocer que está cometiendo una infracción hasta “grandes sociedades” que optan por desafiar la estricta normativa conocedoras de que se van a topar con un “no” a su solicitud.

Las infracciones están reguladas en la Ley de Aguas, que las califica como leves, menos graves, graves y muy graves. De las 106 detectadas en Córdoba, 103 han sido leves y tres de ellas, menos graves. Las sanciones oscilan entre los 6.000 y los 600.000 euros y son el resultado de aplicar la Ley del Agua.

La captación de aguas subterráneas sin permiso y la apertura de pozos ilegales son una denuncia reiterada de Ecologistas en Acción desde hace décadas, insiste el portavoz del colectivo conservacionista en Córdoba, Juan Escribano, quien subraya que existe una “dejación absoluta de funciones” por parte de las administraciones competentes en esta materia.

“Sólo hace falta darse un paseo por las parcelas de la Vega o por la Sierra que están construidas de manera irregular para ver que la mayoría tienen pozos y que, en cambio, no hay contadores para el control del agua que consumen”, dice Escribano. Y concluye: “Todos esos pozos son ilegales”.

La autorización para la captación de aguas subterráneas implica, de hecho, la instalación de un contador para controlar el volumen de agua consumida y, en función de ello, pagar una cuota. “Es inasumible llenar una piscina de esta manera por el alto precio que tiene”, dice Escribano, quien insiste en que la apertura de estos pozos suele estar más vinculada al ocio que al consumo humano o al riego, pues se trata de agua no potable.

Escribano puso como ejemplo de esta “dejación” el reciente anuncio de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el grave deterioro ambiental que sufre Doñana y el incumplimiento de las leyes europeas de protección de la naturaleza por el efecto de los pozos sin control.

La Comisión Europea interviene así para intentar salvar el Parque Nacional ante la “inacción” y los “reiterados incumplimientos” de las autoridades españolas –Ministerio de Transición Ecológica, Junta de Andalucía y los ayuntamientos–, que durante años no han hecho nada para evitar las extracciones ilegales que están secando el acuífero.

Lo que sí es poco habitual, reconoce Escribano, es la existencia de pozos a cielo abierto sin brocal, como el que causó el accidente en la provincia de Málaga hace ya dos semanas. De hecho, la propia bomba suele sellar la galería.