Sí, es tiempo de revisar las herencias. Hace semanas que en San Felipe, el palacio de la Merced o la plaza de la Constitución, epicentros del poder político en la provincia de Córdoba, no se habla de otra cosa como consecuencia de la irrupción del PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, que el viernes se consumó con el boato esperado. En la Diputación había Pleno el miércoles, pero en el ayuntamiento de los ayuntamientos –como a muchos de nuestros políticos les gusta llamar a la institución para crear cercanía con aquellos a quienes arreglan calles o colocan farolas– los ánimos y los rostros miraban hacia Sevilla.

En la sesión se votaban tres planes de obras que en conjunto superan los diez millones de euros. Todos salieron adelante por unanimidad y sin debate, así que lo realmente interesante llegó en el bloque de las proposiciones políticas, cuando los de uno y otro bando sacaron los machetes para abordar, por enésima vez, asuntos como la promoción de funcionarios del consorcio de bomberos. Reflejo todo ello, claro está, de la nueva situación que se vive en San Telmo.

Y, ¡ay!, las herencias. Como la que soporta la vicepresidenta del organismo y diputada de Empleo, Dolores Amo, que se quejó de que el popular Salvador Fuentes –que lleva años fuera del palacio de la Merced– se comprometiera en el pasado –abran agendas y calendarios, allá por 2015– con los sindicatos para subir de categoría a más de 160 funcionarios al grupo C-1. El compromiso, que los populares dejaron en herencia al nuevo cogobierno, ha sido desde entonces un auténtico quebradero de cabeza para los responsables políticos del consorcio.

Tanto que los funcionarios optaron por romper la paz social hace casi un año para protestar semana sí y semana no para que se materialicen estos acuerdos. De compromisos y herencias, por supuesto, se habló en el Pleno. Yde informes, de los que maneja el Ayuntamiento de Córdoba para que en Capitulares, a 300 metros de la casa palacio, sí sea posible una promoción que en la Diputación se niega con el argumento de que hay hasta cuatro documentos jurídicos que lo desaconsejan.

La diputada provincial de Ganemos, María de los Ángeles Aguilera, tiró del debate con una vehemencia y un convencimiento que, hasta el momento, se le desconocían en la institución provincial. Arrancó los aplausos de los bomberos en varias ocasiones y logró sacar adelante una proposición que conmina al PSOE a abrir antes de abril el procedimiento de promoción interna con el respaldo de Cs, IU y el PP. La socialista Dolores Amo apenas pudo apelar a la herencia que le dejaron los populares en sus cuatro años de gobierno, y los populares le reprocharon los números rojos que estos recibieron... Así hasta el infinito.

Hay quien tendrá que cargar, en cambio, con su propio legado, convertido en una patata caliente e indigesta. Es lo que les ocurrirá a los populares cordobeses en las próximas semanas a propósito de la segregación de la ya localidad independiente de La Guijarrosa respecto al núcleo matriz de Santaella. El nuevo municipio de la Campiña Sur festejó el sábado pasado su divorcio al grito de “¡Viva La Guijarrosa libre!”. Por allí estuvieron la consejera de Interior en funciones, Rosa Aguilar, o el propio presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, quienes festejaron con los vecinos el acontecimiento en presencia de los alcaldes de los ayuntamientos limítrofes.

No hubo, sin embargo, ningún representante del PP de Córdoba, que hace unos meses presentó un recurso contra el decreto de la Junta de Andalucía que autorizó el proceso de segregación. La paradoja será que, ahora, serán los propios populares quienes, en el Gobierno autonómico, tengan que resolver el procedimiento, como recordó el propio Antonio Ruiz durante el debate a propósito de la solicitud al Ministerio de Hacienda de la delegación de competencias sobre la gestión censal de La Guijarrosa. Ay, la herencia.