La siniestralidad laboral es una losa cada vez más pesada. La crisis económica permitió reducir el problema como efecto de la caída de la actividad en la construcción, uno de los sectores más afectados. Pero la mejora de las estadísticas fue sólo un espejismo: la recuperación económica y el aumento de las contrataciones han evidenciado que el problema sigue latente pese a los llamamientos y campañas de las centrales sindicales. En 2018, según los datos de CCOO publicados esta semana pasada, fallecieron diez personas en la provincia de Córdoba en su lugar de trabajo, casi una al mes.

Es una estadística alarmante que una sociedad avanzada no debería permitirse. Y mucho más si se echa un vistazo al último lustro. Desde 2013, en la provincia han fallecido 56 trabajadores, con un pico intolerable de víctimas mortales en 2017, cuando perecieron 11 personas. Detrás de los fríos datos, hay dramas familiares y un rosario de problemas sociales a los que las administraciones compotentes, por desgracia, no prestan la atención adecuada.

Villanueva de Córdoba, Espiel, Santaella, Cabra fueron algunos de los municipios que durante el pasado año 2018 registraron accidentes laborales con resultado de muerte. Diez en total, lo que supone casi el triple de los acaecidos en 2016, cuando fueron cuatro.

La segunda mitad del año se tornó especialmente trágica a partir del 22 de junio, cuando un hombre perdió la vida al sufrir un accidente con el camión que conducía en el interior de la cantera de extracción de áridos de Peña Bermeja, ubicada en el término municipal de Espiel. Días más tarde, el 10 de julio, un camionero de 56 años murió en Santaella; el 19 de octubre, otro trabajador de 50 años falleció tras sufrir un accidente laboral en un saladero de jamones en Villanueva de Córdoba, y el 8 de diciembre se produjo en Cabra el último siniestro mortal del año, cuando un varón cayó de un remolque en un cortijo y fue atropellado por el tractor.

La estadística retrata un problema que afecta especialmente a la Córdoba rural y apunta a un nuevo fenómeno: el fallecimiento en el tajo por problemas cardiovasculares. Según el secretario de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Manuel Torres, prácticamente el 50% de las muertes de trabajadores contabilizadas el año pasado se debió a estas patologías, un aspecto que lamentablemente no recogerá la estadística oficial que elaboran las autoriades laborales.

Su reflexión es punzante. “Cada vez hay más personas que van a trabajar sin la seguridad de tenerlo garantizado, lo que provoca estrés y ansiedad. A esto se suman que la vigilancia en la salud no es la adecuada y la pasividad de las administraciones para solventar el problema”. El sector servicios, fundamentalmente la hostelería, centra el problema, según Torres, porque “la precariedad es más acuciante y los trabajadores acumulan un gran exceso laboral”. Camareros que atienden decenas de mesas, jornadas sin control, servicios a destajo... Y, en la nuca, el aliento siempre incómodo del despido. “Se aceptan situaciones inconcebibles que deberían atajarse”, advierte el representante sindical.

Con todo, es el mundo rural el que se ha visto más golpeado por la lacra de la siniestralidad en su versión más traumática, la de las caídas en la construcción, los vuelcos de los tractores o los sucesos en la industria. Entre las soluciones que los sindicatos reclaman como un mantra, más y mejor formación en prevención y una Inspección de Trabajo con mayor dotación de fondos, pues el panorama evidenciaría una relajación por parte de los empresarios, que son quienes deben velar por la seguridad, y fundamentalmente de las administraciones públicas, que parece que siguen sin tomarse en serio esta sangría de vidas.