La Asociación Española de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y almacenamientos de residuos radiactivos (AMAC) anuncia un cambio de relaciones con el Gobierno central ante la ausencia de políticas de consenso que conllevaría inevitablemente la ruptura de cualquier tipo de colaboración futura en materia nuclear.

La Comisión Directiva de AMAC se ha reunido de urgencia para analizar la situación derivada de las últimas decisiones del Gobierno central sobre la gestión de las instalaciones nucleares, ya sean centrales nucleares o almacenamientos de residuos, que afectan especialmente a los municipios del entorno y al futuro de sus habitantes.

En esta reunión se abordó la decisión del Gobierno, con la aprobación de una enmienda a la Ley sobre Energía Nuclear incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de apartar a los municipios de los procesos de decisión sobre la construcción de almacenamientos de residuos radiactivos, así como de la ampliación o transformación de los almacenamientos existentes.

Este cambio normativo afecta directamente al Ayuntamiento de Hornacuelos, que ya rechazó que el proyecto de ampliación de El Cabril se pueda llevar a cabo sin la correspondiente autorización municipal.

Como ya avanzó el Día, Enresa, gestora de El Cabril, tiene en marcha el proceso el diseño de una nueva plataforma para residuos nucleares de media y baja actividad, que tendría 12 celdas de almacenamiento y “cuya entrada en operación se prevé en torno a 2028”. 

El Cabril cuenta actualmente con una capacidad de almacenamiento acondicionado de unos 50.000 metros cúbicos y dispone de 28 celdas. No obstante, casi el 80% de ese espacio está ya ocupado, por lo que Enresa considera necesaria la ampliación para poder tratar y guardar los restos que generen las centrales nucleares –y otros operadores– una vez que se desmantelen. Es el único centro de almacenamiento de residuos nucleares que hay en España y que está localizado en la provincia de Córdoba.

Asimismo, desde AMAC lamentan que el Gobierno ha decidido “injustificadamente el cierre de las centrales nucleares en España sin ofrecer ninguna alternativa de desarrollo económico a los municipios de las áreas de afectación, que ha convivido durante 40 años con estas instalaciones en interés de todo el país y no para cubrir sus necesidades locales”.

Además, añaden, la decisión del cierre de los reactores ha significado una pérdida de interés por todo lo que se necesita para asegurar una convivencia segura con estas instalaciones, lo que significa la paralización de las actividades relacionadas con los planes de emergencia, la congelación de los fondos para su mantenimiento y la negativa a su profesionalización en las zonas nucleares.

El Ayuntamiento de Hornachuelos ya se opuso " frontalmente a esta propuesta, ya que significa excluir al Consistorio de cualquier tipo de control preventivo municipal (urbanístico) sobre las obras de construcción, ampliación o reparación que se lleven a cabo por parte de Enresa en el municipio" y avanzó que se han emprendido acciones a través de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales nucleares (AMAC).

“Todo ello demuestra una total falta de voluntad de colaboración por parte del Estado con los municipios de las áreas nucleares y, además, en lo que se refiere a la gestión de los residuos, atenta al principio de autonomía local, lo cual afecta a todos los municipios de España que a partir de ahora no tendrán ninguna competencia sobre la instalación en sus términos municipales de un ATC (almacén temporal centralizado), ATI (almacén temporal individualizado) o similar, al mismo tiempo que aparta también a las comunidades autónomas de este tipo de decisiones”, afirman desde AMAC.

Con esta decisión, recuerdan desde AMAC, el Gobierno central impulsa políticas contrarias a lo dispuesto en la normativa europea de gestión de residuos radiactivos, especialmente en lo que dispone la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, de 19 de julio de 2011, por la que se establece un marco comunitario para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos. “Unas políticas totalmente contrarias a las prácticas de participación, de concertación y de consenso con las que se han llevado a cabo desde hace años y están llevando a cabo todos los países de la Unión Europea”, destacan desde AMAC.

La Comisión Directiva de AMAC ha debatido en profundidad toda esta realidad y ha concluido que la actitud colaborativa de la asociación con el Gobierno no ha dado los resultados esperados, “ya que lejos de recibir el trato que merece quien colabora en la búsqueda de soluciones, asumiendo las consecuencias que ello significa, lo que hemos recibido es la desatención y la indiferencia por parte de los organismos estatales”.

En este sentido, desde AMAC insisten en que la ausencia de políticas de consenso por parte del Gobierno central supondría irremediablemente el final de su relación de colaboración, que conllevará la no participación en los Comités de Información convocados por el Ministerio para la Transición Ecológica, oponiéndose a la construcción, ampliación o transformación de almacenamientos de residuos radiactivos y enfrentándose a la decisión de clausura de las centrales nucleares mientras no exista una alternativa económica real a la desaparición de los puestos de trabajo que significa esta clausura.

Asimismo, desde AMAC se valorará solicitar amparo al Grupo de Municipios Europeos con Instalaciones Nucleares (GMF), con el fin de llevar ante la Comisión Europea y al Parlamento Europeo la decisión del Gobierno de excluir a los municipios de los procesos de toma de decisiones en la gestión de residuos radiactivos.

Abiertos a una solución de consenso

No obstante, la Comisión Directiva de AMAC cree que aún existe la posibilidad de establecer soluciones de consenso que garanticen la operatividad de los Planes de Emergencia Nuclear (PEN), que impulsen políticas de desarrollo económico alternativo a la producción de energía y que aseguren a los municipios una política de gestión de residuos que no se apoye en el perjuicio a los mismos y que garantice el derecho a participar en las decisiones que afecten directamente a su término municipal y a sus habitantes.

Desde la Comisión Directiva de AMAC se entiende que esta situación, que no se había dado nunca desde su creación en 1988, requiere de un posicionamiento de todos los asociados, por lo que ha acordado convocar una asamblea general extraordinaria para debatir y acordar las estrategias futuras de la asociación y las relaciones que debe mantener con el Gobierno.