Más de 360 kilómetros de cauces de la provincia de Córdoba corren el riesgo de provocar inundaciones en episodios de lluvias torrenciales o precipitaciones prolongadas en el tiempo, según consta en el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir que acaba de recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Este documento de competencia estatal, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), es de obligada redacción en los países miembros de la Unión Europea y tiene como objetivo la actuación coordinada de todas las administraciones y la sociedad para disminuir las consecuencias de las inundaciones sobre la salud humana, el medioambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica.

El plan aprobado ahora supone la actualización de los documentos del primer ciclo y, en el caso de Córdoba, aumenta sensiblemente la extensión marcada en rojo, que en el año 2021 era de 280 kilómetros, lo que supone un incremento del 28%. El documento estará vigente hasta el próximo 2027, fecha en la que será sustituido por un nuevo texto revisado acorde a las necesidades de ese momento. 

En la provincia se identifican un total de 34 áreas con riesgo potencial significativo de inundación, que afectan en mayor o menor medida a otros tantos municipios; en la anterior revisión, eran 27. Se trata de Córdoba capital, Azuel (Cardeña), Palma del Río, Lucena, Montalbán, Montilla, La Rambla, Santaella, Villa del Río, Priego de Córdoba, Almodóvar del Río, Castro del Río, Aguilar de la Frontera, Pedro Abad, Bujalance, Monturque, Cabra, Villafranca, Puente Genil, Rute, Baena, El Carpio, Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Cañete de las Torres, Fuente Palmera, Posadas, Hornachuelos, Nueva Carteya, Almedinilla, La Carlota, La Granjuela, Benamejí y Encinas Reales.

El río Zagrilla en Priego de Córdoba, el arroyo de la Carchena en Nueva Carteya, el Gaudalmazán en La Carlota, el Genil aguas arriba de Puente Genil o el Guadalquivir en Los Mochos (Almodóvar del Río) o la entidad local autónoma de Encinarejo (Córdoba capital) son algunos considerados por primera vez como inundables por la entidad reguladora de cuenca, lo que supone al fin reconocer un problema que lleva décadas enquistado.

En todo caso, el riesgo varía mucho, así como la extensión de los cauces problemáticos. Por citar algunos ejemplos, en Almedinilla el riesgo abarca solo 1,32 kilómetros, mientras que en Lucena ocupa más de 21 kilómetros. Las áreas más extensas son el Guadalquivir aguas arriba de Córdoba capital, pues se prolonga a lo largo de más de 35 kilómetros de cauces, y el arroyo Salado, con riesgo cierto en más de 32 kilómetros en cuatro municipios de la campiña (Montalbán, Montilla, La Rambla y Santaella). En esta zona se han registrado diez inundaciones históricas, mientras que aguas arriba de Córdoba capital ha habido 46, y algunas muy problemáticas debido a la “ocupación de algún área de la zona de flujo preferente por el desarrollo urbanístico de la zona”, es decir, por las parcelas, tal y como consta en el documento.

Otra zona identificada como problemática es el tramo de 9,26 kilómetros del Guadalquivir aguas abajo de la capital, y donde históricamente se contabilizan 55 inundaciones. La actividad humana es “muy baja” sobre la zona de inundabilidad alta y muy alta, pero en cambio en el tramo de inundabilidad “media” se ha desarrollado el aeropuerto, que hace unos meses inauguró su nueva terminal a la espera de la llegada de vuelos comerciales.

Un documento clave para Protección Civil

La preparación ante las inundaciones, el incremento de la percepción del riesgo, la adopción de estrategias de autoprotección y una mayor sensibilización son "esenciales" para aplicar con éxito las medidas de prevención que se contemplan en el plan, por lo que una de las acciones más importantes previstas en este ciclo es la elaboración e implantación de una Estrategia Nacional de Comunicación del riesgo de inundación y adaptación al cambio climático, como ha subrayado este jueves el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Así, en esta revisión, se ha mejorado también la identificación de los elementos en riesgo (hospitales, colegios, centros de mayores, lugares de concurrencia pública destacada, instalaciones de energía, infraestructuras ferroviarias o aeroportuarias) en "estrecha colaboración" con las autoridades de Protección Civil. Por tanto, la información que ahora ofrecen los mapas de riesgo es "más precisa y ajustada" a las necesidades de la gestión en la emergencia.

Junto a esta mejora de conocimiento, los planes también profundizan en el estudio del impacto del cambio climático. Estos planes suponen la consolidación de los programas de adaptación al riesgo de inundación e incluyen el desarrollo de programas específicos para el incremento de la resiliencia en los sectores o ámbitos territoriales más afectados.

Otro de los aspectos "fundamentales" de los documentos -subraya el Ministerio- radica en la predicción de avenidas y el sistema de alerta. En este segundo ciclo se contempla la modernización y optimización de las redes de control, el incremento de puntos de medición y el desarrollo de herramientas informáticas necesarias para mejorar la gestión de los recursos hídricos en situación de avenida.

Además, con el fin de impulsar las soluciones basadas en la naturaleza, los nuevos planes también contemplan medidas para mejorar el estado de las masas de agua, enfocando la gestión del riesgo de inundación hacia "acciones sostenibles y eficientes", explica el Gobierno. Asimismo, potencian la ejecución de medidas que incrementen el espacio fluvial, la recuperación de hábitats, la creación de llanuras de inundación y retranqueo o la eliminación de obras de protección obsoletas o con poca funcionalidad, todo ello en coordinación con la planificación hidrológica y la protección de los ecosistemas.