La Junta presenta las alegaciones al rechazo de la CHG a la conexión de La Colada: "No hay motivos técnicos ni jurídicos"

La Junta de Andalucía en Córdoba ha dado un nuevo paso después de que la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Gobierno central, no diera el permiso para la puesta en marcha de las obras de conexión de Sierra Boyera y la Colada, adjudicadas por 9,3 millones de euros, y ha presentado las alegaciones contra este rechazo, tal y como ya avanzó al conocer la decisión de la CHG.

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, ha sido el encargado de dar a conocer las medidas que el Ejecutivo autonómico va a llevar a cabo en un intento de que la obras, ya adjudicadas, se puedan poner en marcha, tras el informe negativo hecho público por la CHG. Un informe que, según ha expuesto, "nos parece técnicamente cuestionable". Molina, además, ha considerado que el órgano de cuenca "lo que está haciendo es pronunciarse sobre cuestiones que no le competen". En esta línea ha insistido en que "lo que está en juego no es un trámite, es el derecho al agua de miles de personas. No vamos a permitir que valoraciones erróneas o decisiones políticas bloqueen una infraestructura clave para el presente y el futuro del norte de la provincia de Córdoba".

"No hay motivos técnicos ni jurídicos para que tengamos que renunciar a esa obra, y por eso presentamos estas alegaciones donde lo que defendemos es que no dejen hacerla", ha reiterado.

Así las cosas, el delegado del Gobierno ha ido punto por punto rebatiendo los argumentos en contra esgrimidos por la Confederación Hidrográfica del Guadiana para dar su permiso a ejecutar la obra y que le han remitido en un intento de que la actuación se pueda llevar a cabo. Además, ha recordado que la CHG no autorizó las obras "poniendo en duda la viabilidad técnica, ambiental y económica" de las mismas. En este mismo documento, el órgano de cuenca también aludía a una afección identificada al medioambiente y a la continuidad fluvial. Sin embargo, para Molina se trata de "unas afirmaciones profundamente erróneas, que ni siquiera se pueden sostener a partir de las propias premisas que el propio organismo recoge en el documento".

Viabilidad técnica

En su informe, la CHG asegura que las actuaciones previstas por la Junta de Andalucía no tienen viabilidad técnica. Sin embargo, Molina ha asegurado que se trata de actuaciones "técnicas y constructivamente viables, sustentadas en un proyecto técnico completo, que acredita la posibilidad de ejecución de la obra conforme a los estándares necesarios para su funcionamiento y mantenimiento". Y es más, ha continuado, "estas infraestructuras que proponemos mejoran la operación y el mantenimiento del sistema, que es un aspecto esencial que ni siquiera contempla el informe de la Confederación".

No obstante, el delegado del Gobierno ha asegurado que una cuestión distinta es que "el organismo considere que existen otras soluciones técnicas viables, pero eso no invalida la opción que ha sido presentada por parte de la Junta de Andalucía". En este sentido, ha recordado que la obra que propone el Ejecutivo autonómico es completar lo que ya están en funcionamiento, que "fue la actuación de emergencia que hizo el Estado, usando las tuberías de la Junta de Andalucía". Además, ha subrayado que no se van a instalar nuevas tuberías, sino que se van a mejorar las que ya hay y que, además, se pusieron antes de 2009, año en el que el Gobierno autonómico andaluz, entonces presidido por el PSOE, abandonó el proyecto.

Viabilidad ambiental

Otro de los aspectos a los que alude de manera negativa la CHG en su informe es la viabilidad ambiental del proyecto. Al respecto, Molina ha recordado que la evaluación de viabilidad ambiental "no le corresponde al organismo de cuenca, sino al órgano ambiental competente, que es la Junta de Andalucía, que es quien tiene la potestad legal para establecer las condiciones de compatibilidad y emitir, en su caso, la declaración de impacto ambiental".

Así, ha explicado que el proyecto del Ejecutivo autonómico incorpora un estudio ambiental y medidas correctoras avaladas. Es decir, "la Confederación no puede asumir competencias que no le corresponden". Y en este aspecto, ha insistido, en el caso de la viabilidad ambiental, "las competencias son del órgano competente, que es la Junta de Andalucía, y la Confederación se está extralimitando".

Viabilidad económica

En su argumentario en contra, la CHG también considera que el proyecto de la obra carece de viabilidad económica. Pues bien, el delegado del Gobierno ha negado la mayor, ya que las actuaciones "cuentan con la financiación aprobada, han sido presupuestadas por la Administración que las ejecuta y están sometidas a sus propios controles de gastos de Intervención". Es por ello, que ha vuelto a insistir en que la Confederación "no tiene competencia alguna para valorar un gasto de la Junta de Andalucía o de un ayuntamiento que es económicamente viable; no le corresponde".

En el mismo sentido, ha anotado que "la eficiencia económica no se mide desde un prisma cortoplacista o presupuestario". La verdadera eficiencia, ha añadido, "se basa en la fiabilidad del suministro, en la reducción de los costes a largo plazo y en la resilencia entre sequía y emergencia. Y ahí es donde la propuesta de la Junta de Andalucía se muestra sólida y responsable".

Calidad del agua y continuidad fluvial

Otro de los aspectos que invalida la CHG en su informe hace referencia a la calidad del agua y la continuidad fluvial y que estas nuevas infraestructuras podrían empeorar la calidad del agua. Otro argumento que ha echado por tierra Molina, ya que ha asegurado que "carece de todo fundamento". Así, ha detallado que la torre de tomas fija que se diseña permite seleccionar capas de agua en función de su calidad y facilita un control mucho más eficaz frente a una toma flotante, que es la que ahora mismo hay, y que se hizo con carácter provisional, que se desarrolla en su momento sin proyecto constructivo y que se ejecuta en un contexto de emergencia.

Es más, ha indicado que es que no es que se vaya a sustituir esta toma, sino que se va a unir. Por ello, se ha preguntado "¿Cómo puede empeorar eso, la calidad del agua, si lo que hace es sumar a lo que ya hay otras tomas?" En el caso de la potabilidad del agua, ha aseverado, le corresponde a la empresa gestora del suministro y no al organismo de cuenca.

Petición de rectificación

Por todo ello, el delegado del Gobierno ha insistido en varias ocasiones en que la CHG se extralimita en las apreciaciones que ha hecho en el citado informe y, por ello, ha pedido de manera forma "la rectificación del informe y la autorización de las obras tal y como han sido proyectadas". "Desde nuestro punto de vista no existe ningún impedimento desde el punto de vista de gestión de los recursos hídricos que es el único aspecto sobre el que debe pronunciarse la CHG que justifique esta negativa de las obras", ha señalado.

Dado que el Gobierno de la Junta de Andalucía está en manos del PP y la del Ejecutivo central en manos del PSOE, Molina ha aseverado que "no vamos a permitir que valoraciones erróneas o decisiones políticas bloqueen una infraestructura clave para el presente y el futuro del norte de la provincia de Córdoba".

"Pedimos también a las instituciones del Estado lo mismo, que no pongan obstáculos donde debe haber colaboración y que trabajemos juntos por soluciones que garanticen el derecho al agua como bien esencial para el desarrollo y la equidad territorial", ha reiterado.

También ha reconocido que desconoce el tiempo en el que la CHG dará una respuesta acerca de estas alegaciones, ni tampoco ha querido avanzar la posibilidad de acudir a los tribunales si la Confederación Hidrográfica del Guadiana persiste en no dar permiso para ejecutar las obras.