El juez investigará los bienes del exgerente del Consorcio para proceder al embargo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba iniciará una investigación para averiguar los bienes propiedad del exgerente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, Antonio Navarrete, con los que hacer frente a la fianza civil impuesta de 830.000 euros, cantidad que aún no ha sido abonada. Fuentes judiciales informaron de que el magistrado instructor posee "serias dudas" de que Navarrete afronte el pago de la fianza, por lo que podría requerirle un listado de sus propiedades. De estas, podría embargar las que tengan un valor equivalente a la cuantía impuesta.

Antes de iniciar esa investigación, sin embargo, el juez instructor tiene que resolver el recurso de reforma interpuesto por la defensa de Navarrete contra la cuantía impuesta en la fianza al considerarla desproporcionada por rebasar la cantidad supuestamente distraída por el procesado de las cuentas del consorcio. En el caso de que el magistrado instructor mantenga la cuantía, tendrá que resolver la Audiencia Provincial en segunda instancia.

En su auto, el juez suma una cantidad total de 626.000 euros que supuestamente Navarrete habría distraído de las arcas públicas. Esta cantidad es superior a lo que los actuales responsables del Consorcio señalaron inicialmente como transferido a cuentas privadas y que fijaron en unos 546.000 euros. La resolución judicial enumera nueve transferencias por valor de 76.000 euros en las cuentas del exgerente, 31.000 como anticipos reintegrables que nunca devolvió a la empresa de bomberos, 56.800 en concepto de adelantos de nóminas o 287.466 euros mediante duplicación de pago a proveedores. Además, cifra en 127.860 euros la cantidad cobrada entre 2001 y 2006 como horas extraordinarias, pese a tratarse de un cargo de alta dirección.

El juez llamó a declarar a Navarrete el pasado 2 de febrero en calidad de imputado, pero el sospechoso se acogió a su derecho a no declarar. Ello no impidió, sin embargo, que el magistrado decidiera imponerle una fianza civil de 830.000 euros. El objetivo no es eludir la prisión, sino poner a disposición de la Justicia el dinero supuestamente sacado de las arcas públicas. El juez da absoluta fiabilidad a los documentos aportados por el servicio jurídicos de la Diputación, "lo que en gran medida aleja cualquier sospecha de mendacidad". La resolución subraya que la denuncia se apoya "en una serie de documentos que ponen de manifiesto la existencia de un volumen inmenso de transferencias a cargo del Consorcio que han repercutido directamente en la cuenta corriente del imputado".