En activo, cobrando el sueldo base, pero sin destino. El guardia civil Antonio Manuel Guerrero -que ha prestado servicio en el cuartel de Pozoblanco- y el soldado Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena, ambos miembros de la Manada que fueron condenados a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento a una joven de 18 años en los Sanfermines de 2016, han sido reincorporados al servicio activo por Guardia Civil y el Ministerio de Defensa, respectivamente, aunque no se les asignará ningún destino a la espera de que haya una sentencia firme en este caso.

En el caso del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, éste se encuentra en situación de activo pero sin destino, por lo que cobrará el sueldo base mientras la sentencia dictada por la Audiencia de Navarra no adquiera firmeza. La Guardia Civil abrió a este joven de 29 años un expediente disciplinario tras su arresto como uno de los cinco jóvenes que participaron en la agresión a la joven madrileña en los Sanfermines y, en el curso de ese expediente, se acordó la suspensión de empleo, medida que se ha mantenido durante los casi dos años que ha pasado en prisión provisional.

Se comienza a regularizar la situación de estas personas a la espera de la absolución"

Una vez que la sentencia de la Audiencia de Navarra sea firme y en el caso de que se confirmara la condena del guardia civil, se abriría un procedimiento que podría concluir en una sanción disciplinaria por una falta muy grave. En el artículo 7.13 del régimen disciplinario se regula la sanción para quien "comete un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la Administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica".

Hay que tener en cuenta que el agente también está implicado en un caso similar ocurrido en Dos Torres y que está instruyendo el Juzgado de Pozoblanco. Guerrero, además, está pendiente de que la Audiencia de Navarra se pronuncie sobre su puesta en libertad después de que intentar sacarse el pasaporte en una comisaría de Sevilla.

En el caso del soldado, el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa publicó el pasado martes una resolución firmada el 4 de julio por el general director accidental de Personal, Roberto Villanueva, en la que, de acuerdo, con la ley de la carrera militar, cesa a Alfonso Jesús Cabezuelo en la situación de "suspensión de funciones y pasa a servicio activo, pendiente de asignación de destino en Sevilla", señala la resolución y que especifica que la vuelta al servicio activo tiene efectos del pasado 22 de junio.

El Ministerio de Defensa aseguró en un comunicado que no asignará destino al militar aunque se haya levantado su suspensión de funciones y explicó que la vuelta al servicio activo era algo que "no se podía evitar", puesto que a la espera de una sentencia firme, el reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar impone un plazo máximo de seis meses durante los que un militar puede estar suspendido en sus funciones.

En los casos de faltas muy graves, la sanción prevista en el régimen disciplinario van desde la separación del servicio a la suspensión de empleo de entre tres meses y un día a seis años, o la pérdida de puestos en el escalafón.

El abogado Agustín Martínez, que representa a cuatro de los acusados de la Manada, entre ellos el militar, aseguró ayer a este periódico que entiende que con esta decisión "se comienza a regularizar la situación personal de estas personas, debiendo culminar cuando se produzca la absolución".