La inspección urbanística denuncia a una docena de parcelistas y precinta 35 edificaciones en Córdoba en el último año

Balance de 2024

La consejera de Fomento avisa de que la Junta continuará con esta labor "para crear conciencia y proteger nuestro territorio"

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Precinto de una parcela irregular.
Precinto de una parcela irregular. / El Día

Córdoba/El urbanismo ilegal sigue expandiéndose por la provincia. Una docena de parcelistas denunciados y un total de 35 edificaciones precintadas es el balance de la inspección de la Junta de Andalucía en Córdoba durante el año 2024, según los datos de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. En el pasado ejercicio, en total, se firmaron 40 actas de inspección, fruto de las cuales se abrieron una docena de expedientes de investigación y se interpusieron otras tantas denuncias, de acuerdo a los datos oficiales a los que ha tenido acceso El Día de Córdoba.

La actividad inspectora incluyó además la redacción de 21 expedientes de protección de la legalidad y cuatro expedientes sancionadores en el conjunto de la provincia. Además, se precintaron 35 parcelas, todas ellas en los términos municipales de La Rambla y Cañete de las Torres. En ambas actuaciones, los precintos se realizaron antes de levantarse las propias edificaciones, dentro de la política actual de la Junta de prevención, como ha explicado la Consejería.

En el caso de La Rambla, se actuó sobre una parcelación formada por cinco lotes o parcelas cuando no se había construido ninguna ediifcación, tan solo una piscina. Y, en Cañete de las Torres, se actuó en noviembre sobre dos parcelaciones. Esto fue posible, ha subrayado la Junta, gracias a la estrecha colaboración de la inspección con la Policía Autonómica, que interpuso la denuncia, y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente. Estas parcelaciones estaban divididas en 17 y 13 parcelas, donde se estaba construyendo "de manera ilegal" y que estaban separados por un cambio que habían abierto.

Parcelas en la zona de Medina Azahara.
Parcelas en la zona de Medina Azahara. / El Día

La Administración autonómica ha recordado que el precinto de edificaciones y parcelas ilegales lleva aparejada una orden de suspensión de usos y de continuar las obras, con grandes consecuencias frente a los propietarios que las incumplan, puesto que dicha actuación está tipificada como infracción territorial y urbanística muy grave, con posible multa de 30.000 a 120.000 euros. Además, el incumplimiento de cualquier medida provisional, mientras persista, puede dar lugar a la imposición de sucesivas multas coercitivas por periodos mínimos de diez días y cuantía, en cada ocasión, del 10% del valor de las obras ejecutadas, con un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros.

La advertencia de la consejera: "Así seguiremos para crear conciencia"

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha recalcado que "el gobierno de Juanma Moreno ha dado un giro drástico a la labor inspectora para hacer cumplir la legalidad urbanística, con la firme idea de que la ciudadanía sea consciente de que no se puede construir en cualquier sitio y hay que velar por el buen uso del territorio". "Para ello, nos hemos volcado en la labor preventiva, frente a la ausencia total de precintos por parte de anteriores gobiernos", ha explicado Díaz, quien ha valorado que "un buen ejemplo lo tenemos en Córdoba, donde hemos actuado con diligencia para evitar que se inicien edificaciones en Cañete de las Torres y La Rambla". "Y así seguiremos para crear conciencia y proteger nuestro territorio”, ha advertido

En el conjunto de Andalucía, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda cerró el año pasado con un récord de 2.149 actuaciones. El refuerzo de la inspección destacó por sus cerca de 500 precintos y, sobre todo, por el número de parcelas y edificaciones expedientadas por construir ilegalmente, que se ha multiplicado por 14 con respecto a 2018.

La Junta de Andalucía ha destacado su "apuesta por la inspección autonómica para hacer frente a las nefastas consecuencias sociales, ambientales y económicas que el urbanismo ilegal produce en el territorio". Gracias a este cambio de políticas, prácticamente se ha cuadriplicado el número de las principales actuaciones en materia de inspección, que ha ido creciendo año tras año, pasando de las 557 de 2018 a las 2.149 de 2024. Una "cifra récord" que, comparada con el año anterior, ha crecido un 41% (1.521 en 2023).

Dentro de esta estrategia, Fomento ha incidido en los precintos, "herramienta que no se utilizaba por la inspección autonómica antes de 2019 y que ahora es pieza clave para prevenir nuevas infracciones y evitar la continuación de obras ilegales en curso de ejecución". En 2024 se precintaron 497 parcelas y edificaciones en construcción, 130 más que en 2023, mientras que en 2018 no se realizó ningún precinto. Estas actuaciones han impedido la construcción de alrededor de 500 viviendas ilegales en suelo rústico y desincentivando la construcción o venta de nuevas parcelas ilegales en zonas colindantes.

Descentralización de la inspección urbanística

La Junta ha valorado que estos resultados han sido posibles "gracias a una mayor descentralización de la inspección, que ahora tiene una mayor presencia en el territorio". Asimismo, se ha producido una mayor planificación de las actuaciones "para ser más eficaces". Con este objetivo, se aprobó el Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026, que establece líneas prioritarias de intervención como el control de las parcelaciones irregulares en suelo rústico o la protección del espacio litoral y los suelos preservados, priorizando siempre actuaciones incipientes.

Al mismo tiempo, se ha dotado a la Inspección de la Junta de Andalucía de herramientas tecnológicas, destacando la utilización de un servicio para detectar nuevas construcciones ilegales mediante la comparación cronológica de imágenes vía satélite de alta resolución. Con ello, se garantiza una pronta reacción de la inspección, capaz de detectar los procesos de construcción irregular en una fase primaria.

En paralelo, se han promovido los cambios legislativos necesarios para garantizar la eficacia de la Inspección autonómica. Entre otras cuestiones, la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), introduce el concepto de disciplina territorial y atribuye a la comunidad autónoma competencia directa para actuar en aquellos supuestos de mayor trascendencia. Además, refuerza los medios para evitar la consumación de infracciones mediante una pronta reacción basada en la práctica de medidas cautelares o la imposición de multas coercitivas.

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