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La Guardia Civil ha investigado en Montoro a seis personas y dos entidades jurídicas del sector del transporte como presuntos autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro contra la ordenación del territorio, otro de desobediencia grave a los agentes de la autoridad y otro de pertenencia a grupo criminal.
La investigación se inició tras observar la patrulla del Seprona de Montoro durante un servicio protección del medio ambiente un "tránsito inusual" de camiones de gran tonelaje hacia una finca de olivar, según ha informado este sábado la Comandancia. Al inspeccionar la zona, que ya presentaba "evidencias" de vertidos anteriores, sorprendieron a los conductores de varios camiones posicionados y dispuestos para arrojar nuevas toneladas de residuos de construcción y demolición sobre el lecho del arroyo, considerado dominio público hidráulico y, por tanto, un espacio de especial protección.
Ante ello, los agentes procedieron a la inmediata paralización de la actividad, tras notificar a los conductores, a los responsables de las empresas de transporte implicadas y a quien se identificó en ese momento como encargado de la finca, una orden expresa, para que cesaran los trabajos. Sin embargo, en una inspección posterior realizada semanas después, la patrulla constató el "incumplimiento flagrante" de dicha orden, ya que los vertidos habían continuado hasta provocar la colmatación total del cauce, agravando considerablemente el daño ecológico.
La investigación posterior resultó clave para determinar las responsabilidades a distintos niveles. Si bien en un primer momento las actuaciones se centraron en la persona que actuaba como encargado aparente en la finca, las gestiones posteriores, permitieron identificar al que figuraba como verdadero gestor y presunto autor intelectual de los hechos.
Ante ello, se ha procedido a la investigación de seis personas, así como a las dos personas jurídicas para las que trabajaban, por su presunta implicación en los diferentes niveles de responsabilidad: desde la presunta autoría intelectual hasta la ejecución material de los hechos. Los investigados y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
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