Las defensas de los investigados por el presunto amaño de las oposiciones del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, una denuncia que el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba archivó provisionalmente en octubre tras dos años de investigación, han solicitado al magistrado que imponga el pago de las costas a los tres bomberos denunciantes. En el escrito, los cinco letrados exponen que desde un primer momento los opositores “denunciaron hechos de enorme gravedad, describiendo y afirmando gravísimas irregularidades”.

Como indicaba el auto de sobreseimiento provisional, se habló de una “auténtica confabulación de autoridades, funcionarios públicos y aspirantes interinos, con la mediación de un sindicato [UGT], para conseguir aprobar parte del cupo de bomberos interinos”.

“Lo cierto es que han hecho trabajar al Juzgado durante prácticamente dos años, llegando a ocultar información en su denuncia, para dofisificarla y manejarla interesadamente, conscientes de la escasa entidad de la misma, a su antojo y provecho”, relatan los letrados. Hasta el punto de que su representación “tuvo que ser requerida para que aportase toda la prueba que tuviese, y no la fuese dosificando caprichosa e interesadamente”. Igualmente, censuran, “han tenido a funcionarios de la Diputación considerablemente ocupados en la búsqueda y copia de los miles de folios aportados, y obligado a numerosos funcionarios a personarse en la causa, con numerosas representaciones”. El procedimiento, de hecho, llegó a superar la veintena de personas investigadas.

Todo esto ha causado, “con su actitud reprochable” según las defensas, un “perjuicio a una pluralidad de partes, que se han visto en la obligación de tener que comparecer y defenderse de las distintas versiones dadas”, hasta que “finalmente éstas no han resultado ser sino vaguedades y rumores”, como recogía el auto del magistrado José Luis Rodríguez Lainz del mes de octubre.

Los abogados defensores inciden en el “cúmulo de sinsentidos” que se llegaron a denunciar, y en las “barbaridades” que luego se desmintieron. Es el caso de “la repesca en el examen psicotécnico”. O de “la intervención del alcalde de Priego de Córdoba [el socialista José Manuel Mármol, ya exculpado] para favorecer a algunos opositores, cuando en dicha fecha había alcaldesa [la popular María Luisa Ceballos, cuya implicación nunca se ha insinuado]”. Incluso “se ha llegado a poner en tela de juicio, de forma extempórea, la manipulación de las hojas de repuestas”.

Los letrados también recuerdan que, como recoge el auto judicial, “tampoco se ha podido acreditar en modo alguno la existencia de un grupo de trabajo, siquiera informal, que tuviera por cometido preparar el proceso selectivo”. “Únicamente contamos con suposiciones, rumores o comentarios de terceros”, como insisten los abogados. Su conclusión es que, “en base a meros comentarios, rumores y vaguedades, se ha montado una denuncia que ha traído numerosos perjuicios no solo a las partes personadas, sino a la Administración pública y a la Justicia”.