Condenados el alcalde y Ayuntamiento de Montalbán a pagar 12.558 euros por acoso laboral a un empleado

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia que confirma íntegramente la resolución del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, declarando acreditado el acoso laboral institucional y la vulneración de derechos fundamentales sufridos por un funcionario y técnico municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba.

Según recoge la resolución, el fallo condena solidariamente al Consistorio y a su alcalde, Miguel Ruz (IU), a cesar en toda conducta lesiva y a abonar al trabajador 12.558,60 euros más los intereses legales, reconociendo expresamente que las actuaciones municipales configuraron un acoso continuado y sistemático que atentó contra la dignidad profesional y personal del empleado público.

La sentencia, que analiza los hechos comprendidos entre 2019 y 2022, describe "un patrón prolongado de hostigamiento institucional que incluyó aislamiento profesional, descrédito público, trato desigual y menosprecio continuado hacia el trabajador", apuntan desde la acusación.

El fallo del TSJA pone fin a una etapa judicial iniciada hace más de seis años y "marca un precedente en materia de acoso institucional dentro de la administración local". Durante este tiempo, el técnico municipal ha padecido "bajas laborales reiteradas derivadas del acoso sufrido, además de soportar un ambiente laboral hostil y la marginación de sus funciones esenciales".

El tribunal subraya que "el acoso no fue un conflicto puntual, sino una conducta organizada y sostenida desde la propia estructura municipal, que vulneró de forma reiterada los derechos fundamentales del empleado". La resolución, de carácter ejecutable de forma inmediata, obliga al Ayuntamiento y a su alcalde a "poner fin a cualquier comportamiento de acoso y a restituir plenamente las condiciones profesionales del trabajador, incluso en caso de recurso".

Otra demanda de acoso

Pese a "la contundencia" del pronunciamiento judicial, "ni el Ayuntamiento ni el alcalde han cesado en su conducta de hostigamiento", de modo que el trabajador se ha visto obligado a presentar una nueva demanda por acoso laboral en febrero de 2025, también dirigida por el letrado Federico Medina Ramírez, que recoge hechos ocurridos tras el período juzgado por el TSJA, así como una ampliación de la misma en junio de este mismo año, "por la persistencia del acoso y la aparición de nuevos actos lesivos".

En esta segunda causa se documentan "represalias directas posteriores a la primera condena, como la apertura de un expediente disciplinario sin base real, la obstaculización del desempeño de sus funciones profesionales y sindicales, impagos de retribuciones, revictimización institucional y un trato discriminatorio dirigido a desgastar al trabajador y forzar su abandono".

Estas actuaciones, de confirmarse judicialmente, demostrarían que "el Ayuntamiento y su máximo responsable han mantenido una conducta de acoso estructural y reiterada, ignorando de forma deliberada los mandatos del TSJA y las obligaciones impuestas por la Constitución Española y la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social". "Si se demostrara dolo en tales conductas, podría derivarse responsabilidad penal contra el alcalde", han advertido desde la acusación.

"La gravedad de estos hechos se suma a un historial de resoluciones adversas y advertencias institucionales", han agregado, para citar que en 2019, el TSJA ya declaró conducta antisindical del Consistorio, bajo la dirección del mismo alcalde, por vulneración del derecho a la libertad sindical del sindicato CSIF", a la vez que "en 2020, la Inspección de Trabajo calificó la actuación municipal como infracción grave en materia de seguridad y salud laboral".

Asimismo, el Defensor del Pueblo Español, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo de Transparencia de Andalucía y la Inspección de Trabajo han dirigido reiterados requerimientos formales al Ayuntamiento "sin obtener respuesta ni corrección de las irregularidades señaladas, llegando a declarar su actitud como hostil y entorpecedora". "Estos nuevos procedimientos judiciales y denuncias pendientes reflejan la persistencia de un modelo de gestión autoritaria, opaca y lesiva para los derechos de los empleados públicos", han subrayado.

Repercusiones éticas y políticas

Según han relatado desde la acusación, la sentencia adquiere "una trascendencia especial por el perfil del alcalde Miguel Ruz (IU), quien ostenta una dilatada trayectoria política e institucional", al tiempo que "el caso plantea una seria cuestión ética y política dentro de IU, formación que, pese a las reiteradas condenas y los comunicados sobre estos hechos, no ha adoptado medidas disciplinarias ni de expulsión contra el regidor".

Así, han remarcado que "el silencio de la organización, unido al desprecio institucional mostrado por el Ayuntamiento hacia las resoluciones judiciales y los organismos públicos, socava la credibilidad y los principios fundacionales de transparencia, justicia y defensa de los derechos laborales que IU proclama".

Igualmente, han indicado que "esta sentencia representa el reconocimiento judicial de una realidad más amplia y persistente, que va más allá de los hechos formalmente probados", a la vez que "la resolución no cierra la herida, pero sí confirma que no todo vale en la gestión pública". "El caso de Montalbán de Córdoba se convierte así en un símbolo de la lucha por la dignidad en el empleo público, y en un recordatorio de que el poder político no puede situarse por encima de la ley", han apostillado.

Al hilo, han señalado que "la resolución del TSJA, junto con los nuevos procedimientos en curso, refuerza la obligación del Consistorio de cumplir de forma inmediata los mandatos judiciales, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de sus trabajadores y el cumplimiento estricto de la legalidad".

Además, han declarado que "la continuidad del acoso pese a la condena evidencia un déficit grave de control institucional y político, que exige medidas ejemplares", a lo que han agregado que "el restablecimiento del respeto, la transparencia y la ética pública en el Ayuntamiento de Montalbán no puede demorarse más, si se pretende preservar la confianza ciudadana en las instituciones locales".