Ninguno de los 11 centros de detención que la Guardia Civil tiene en la provincia de Córdoba cumple con el protocolo de actuación en las áreas de custodia de arrestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015 y actualizado en mayo de 2018. Así lo ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) con los datos incluidos en una respuesta parlamentaria a los diputados de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado y Rafael Mayoral.

El protocolo del Ministerio de Interior exige que las instalaciones de Guardia Civil y Policía Nacional dedicadas a la custodia de detenidos dispongan "de sistemas de videovigilancia y grabación"; además, deben contar con "sistemas de ventilación y climatización que funcionen correctamente y que se acomoden a las circunstancias climatológicas".

El Instituto Armado mantiene un total de 11 áreas de custodia de detenidos en la provincia de Córdoba, ubicadas en la Comandancia, en Córdoba capital, y en los puestos de Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Palma del Río, Montoro, Bujalance, Baena, Nueva Carteya, Montilla, Priego de Córdoba y Puente Genil. En total, hay habilitadas 26 celdas con capacidad global para 28 personas. Interior reconoce en su informe que inguno de esos centros de detención dispone de sistema de ventilación, y algunos de ellos además carecen de sistema de video-vigilancia y de climatización.

Los que se hayan en peor situación son los situados en Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba -el informe es anterior a la inauguración del nuevo- y Puente Genil, pues carecen de ventilación y climatización. Los datos facilitados revelan que, a nivel nacional, el 55% de esas dependencias carecen de ventilación, mientras que en la provincia de Córdoba son el 100%, si bien el 56% de todo el país carece de climatización y en Córdoba esto ocurre únicamente en el 18% de los casos. En cuanto a los sistemas de videovigilancia, a nivel nacional el 26% carecen de ellos y en la provincia de Córdoba, el 18%.

La AUGC advierte de que si no existe climatización o ventilación, o si no funciona adecuadamente, se producen unas "condiciones de insalubridad" que pueden afectar a la salud de los detenidos y de los agentes que se encargan de la custodia, sobre todo teniendo en cuenta las "condiciones climatológicas extremas" que se producen en la provincia de Córdoba. A esto debe añadirse, recuerda la AUGC, que algunas de las personas detenidas padecen enfermedades infectocontagiosas. Y los sistemas de videovigilancia son necesarios "para garantizar la integridad física y la seguridad de las personas privadas de libertad y la de los funcionarios policiales que ejercen su custodia".

Advertencia del Defensor del Pueblo

Estos requisitos fueron fijados por la Secretaría de Estado de Seguridad en 2015, y tres años después "aún siguen una gran parte de las instalaciones sin adaptarse a la normativa y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo". Y ello a pesar de que ya en 2015 el Ministerio del Interior se comprometió a que progresivamente todos los centros de detención fueran subsanando esas carencias. De hecho, la anterior Defensora del Pueblo mostró públicamente su malestar por la situación.

El Protocolo de la Secretaría de Estado de Seguridad también ordena que "el personal encargado de la custodia deberá estar adecuadamente formado en técnicas del empleo de la fuerza para la reducción e inmovilización, cacheos, primeros auxilios, uso de extintores, así como en aquellas otras materias que permitan a este personal cumplir con la obligación de garantizar la integridad física de los detenidos", y que "las Direcciones Generales de la Policía y de la Guardia Civil deberán incluir programas de especialización y actualización dirigidos al personal encargado de la custodia de detenidos en los planes de formación profesional, con especial hincapié en la prevención de la comisión de conductas auto-líticas por parte de los detenidos".

Al respecto, el Gobierno se limita a responder que "la Guardia Civil dispone de un sistema de intervención operativa en cuyo marco se aprueba anualmente el plan de actuación de técnicas de intervención operativa". Pero "lo cierto es que en la Guardia Civil no se imparte una formación específica adaptada a esos cometidos, ni se tratan cuestiones como los primeros auxilios, el uso de extintores, o la prevención de la comisión de conductas auto-líticas", tal como establece dicho protocolo, asegura el colectivo de agentes.